La Junta de Tratamiento de la cárcel del Dueso se opuso al tercer grado de Almeida

Según fuentes penitenciarias, la mayoría de la Junta de Tratamiento del Dueso se opuso a la progresión al tercer grado de Francisco Javier Almeida y decidió mantenerlo en segundo grado, que es el estado ordinario de los reclusos en las cárceles españolas. No obstante, hubo voces discrepantes dentro de la propia junta que consideraban que el reo, que había cumplido ya de largo las tres cuartas partes de su condena sin incidentes, debía acceder ya al régimen abierto.

Almeida recurrió la decisión a Instituciones Penitenciarias, que en febrero del año 2020 resolvió que Almeida podía finalmente disfrutar del trecer grado. El organismo estatal tomó esta determinación en función del tiempo de condena transcurrido, del buen comportamiento del reo en prisión, en donde recibió tratamiento, y de los argumentos esgrimidos por las voces discrepantes de la Junta. También pesó en esta decisión el hecho de que Almeida viniera disfrutando desde el año 2013 de permisos penitenciarios sin ningún incidente. En total, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Cantabria le concedió 39 permisos entre los años 2013 y 2020.

La libertad condicional supone un paso más (es como si se tratase de un cuarto grado), puesto que el preso, aunque no ha satisfecho aún toda su condena, puede hacer una vida prácticamente normal en la calle.

La libertad condicional le fue concedida el 8 de abril de 2020 por el juez de vigilancia penitenciaria de La Rioja. Según indican fuentes judiciales, Almeida cumplía todos los requisitos legales para disfrutar de la libertad condicional: ya tenía el tercer grado, había cumplido de sobra las tres cuartas partes de condena, había observado buena conducta en la cárcel y estaba pagando la indenmización por responsabilidad civil. El fiscal no se opuso a la decisión del juez y, por lo tanto, la Audencia Provincial no tuvo que intervenir.

Francisco Javier Almeida, que había ingresado en prisión el 24 de agosto de 1998, quedó entonces en libertad condicional, sin necesidad de regresar a prisión para dormir. De no habérsela concedido, hubiera quedado en la calle el 17 de agosto de 2023, fecha en que se extinguía la condena impuesta por el asesinato de Carmen López, la empleada de la inmobiliaria a la que apuñaló con saña y agredió sexualmente.