Sánchez ofrece a Junts una reforma que criticó al PP para intentar salvar la amnistía

El presidente del Gobierno hizo referencia, aun sin citarlos de manera expresa, a la actuación de estos dos jueces a los que Junts acusó abiertamente de prevaricación en el pleno de la semana pasada, en el que decidió votar en contra de la ley de amnistía para forzar una nueva negociación en la comisión de Justicia. «Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas», replicó, en una entrevista en La Sexta, a la pregunta expresa de si se plantea modificar la citada ley procesal. «Hay un elemento que hemos visto estas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales han puesto en cuestión», alegó.

La idea que sopesa el Ejecutivo es, según adelantó La Vanguardia, modificar el artículo 324 de LeCrim para volver a la reforma realizada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, muy criticada en su momento tanto por las asociaciones judiciales y fiscales como por el resto de formaciones políticas, que atribuyeron el cambio a un deseo de limitar la acción judicial sobre los casos de corrupción que en aquel momento salpicaban al PP.

Paradójicamente, fue el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos el que en 2020 impulsó la actual redacción, que, además de atribuir a los jueces, y no a los fiscales, la responsabilidad de controlar los plazos de instrucción, eliminó el límite máximo de 18 meses ampliable a otros 18 para causas consideradas «complejas» y de seis meses en el caso de las ordinarias. Tal y como está ahora la ley, las instrucciones duran 12 meses, pero el juez puede prorrogarlas de seis en seis meses de manera indefinida, de oficio o a instancia de las partes.

Que la medida sea suficiente para Junts está por ver. Entre otras cosas, porque no tendría ningún efecto sobre las prórrogas ya anunciadas por García Castellón y Aguirre. De momento, quien sí la ha acogido bien es Esquerra, muy crítica con la posición de los posconvergentes, a los que ha llegado a acusar de dejar a más de mil familias «destrozadas» con su negativa a apoyar la amnistía en sus actuales términos.

Sánchez aseguró este lunes que tiene la «máxima disposición al diálogo», pero defendió que el texto    que los de Puigdemont rechazan con el argumento de que no garantiza una amnistía «integral» ya cubre «todos los supuestos que ahora mismo incumben al movimiento independentista». El presidente insistió además en que es fundamental que la norma esté alineada con los principios constitucionales y el derecho europeo. Con todo, también matizó su afirmación de que no hubo terrorismo en el 'procés' cuando se le planteó le caso de los CDR a los que la Audiencia Nacional abrió juicio oral el pasado noviembre por terrorismo y tenencia de explosivos. «Son causas distintas», admitió por comparación con Tsunami y el papel que en su engranaje pudo desempeñar el expresidente de la Generalitat.

Si la idea de la LeCrim no cuaja, el Gobierno estudiará otras soluciones que no impliquen tocar la amnistía, pero este lunes Sánchez negó una de las que en los últimos días sonaba como posible: una redefinición del terrorismo en el Código Penal. También aseguró una vez más que no apoyará en ningún caso un referéndum de autodeterminación y, dirigiéndose a quienes, a estas alturas, dudan de su palabra, adujo: «Tienen que tener en cuenta dos cosas: constitucionalmente es imposible hacer un referéndum de segregación, y, desde el punto de vista político, yo siempre he dado pasos por la convivencia y eso no lo resuelve un referéndum binario entre si se quiere ser catalán o español. Iría en contra de todo lo que he ido abonando en estos cinco años y medio».