La Junta Fiscal del Supremo, dividida por la exculpación de terrorismo de Puigdemont

La junta se reúne este martes a las 10 de la mañana con un ambiente enrarecido. Diversas fuentes aseguran que Redondo elaboró un primer borrador en el que argumentaba justamente lo contrario del texto que finalmente ha llegado a la junta. O sea, defender que el Tribunal Supremo -tal y como pide el instructor de Tsunami en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón- se haga cargo de este sumario, al entender que hay indicios para seguir investigando la vinculación de dos aforados, el propio Puigdemont y del diputado de ERC Ruben Wagensberg, con esta plataforma que sí habría cometido actos de carácter terrorismo.

El propio Redondo admitió este lunes a través de un comunicado que, efectivamente, elaboró el 24 de enero «un primer borrador interno, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal». Luego de ese primer texto, según el ponente, «tras un profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos» que duró «varios días» redactó el «borrador de ponencia para la junta» en el que descartaba el delito de terrorismo.

Siempre según la versión de Redondo, solo después de redactado el texto final que se iba a enviar a la junta, el 30 de enero, el ponente acudió a una audiencia con el fiscal general del Estado en la que le «adelantó someramente el sentido del borrador de ponencia» en el que ya se pedía exonerar a Puigdemont. En esa reunión- afirma Redondo- no recibió «ninguna instrucción», «ni siquiera una mínima sugerencia», por parte de Álvaro García Ortiz. La propia Fiscalía General, en otro comunicado negó de forma categórica haber tratado de «influir» en el borrador de Redondo sobre Tsunami.

Entre los fiscales que votarán la ponencia de Redondo que propone exculpar de todo a Puigdemont están, entre otros, tres de los cuatro togados que intervinieron en el juicio al procés en el Supremo: Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza.

Los fiscales debatirán y votarán. Y los jefes de la sección, el propio Cadena y Javier Sánchez-Covisa- los que llegado el caso plasmarán finalmente en un informe la postura definitiva de la Fiscalía del Tribunal Supremo en este asunto. García Ortiz, habida cuenta del carácter jerárquico del Ministerio Público podría haberse hecho cargo él directamente de elaborar el dictamen, delegándolo en la teniente fiscal, Ángeles Sánchez, pero prefirió, habida cuenta de la trascendencia del asunto, que fuera la junta de fiscales.

En el texto que se va a debatir, de 69 páginas y fechado el 30 de enero, el ponente Álvaro Redondo concluye básicamente en que no hay «indicios racionales de criminalidad» contra el expresidente porque las supuestas pruebas de que él fue uno de los promotores de Tsunami son «demasiado abiertas». Por ello, el Ministerio Público insta al juez a «continuar las investigaciones» porque con los «indicios» contenidos en la exposición razonada de 101 páginas que García Castellón envío al Supremo el pasado 21 de noviembre el Ministerio Público no son suficientes para imputar al líder de Junts.

El fiscal repasa las acciones de Tsunami Democràtic en otoño de 2019, particularmente el asalto del aeropuerto de El Prat o el bloqueo de la AP-7, para descartar también la acusación del terrorismo. Concluye que para que estos hechos puedan ser calificados de terrorismo tendría que haberse producido un delito grave contra la integridad física y moral o contra la libertad. Y no es así, según la Fiscalía. «La ocupación del aeropuerto y el bloqueo de las autopistas, así como los disturbios causados durante la huelga, la manifestación y la interrupción del evento deportivo, son indiciariamente constitutivos de otros tantos delitos de desórdenes públicos», explica el fiscal que también apunta, provisionalmente, a los delitos de daños, coacciones y falsedad.