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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no solo no echa marcha atrás, sino que embiste con mayor fuerza. En medio del debate sobre si la ley de amnistía debe dar cobijo o no a las causas de terrorismo, el magistrado ... insiste en acusar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, precisamente por ese ilíicto penal en el sumario sobre Tsunami Democràtic, la plataforma que promovió las protestas en 2019 contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del 'procés' encarcelados y que derivaron en graves incidentes.
Así las cosas, el instructor se niega en redondo –tal y como le había solicitado la Fiscalía– a paralizar su intento de enviar esta causa al Supremo. García Castellón, convertido en la bestia negra del independentismo que ha pactado la amnistía con el Gobierno, lo justifica en que los indicios de la participación en un presunto delito de terrorismo de dos aforados –el propio Puigdemont, eurodiputado, y el miembro del Parlament catalán Rubén Wagensberg–, lejos de disolverse, se han hecho más solidos.
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En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que, tras las últimas diligencias practicadas hasta la fecha, «se ha afianzado la tesis inicial que calificaba los hechos como delito de terrorismo». En particular, García Castellón incide en que se hace más solida esta calificación penal teniendo en cuenta el análisis de los atestados sobre la toma, alentada por Tsunami, del aeropuerto de El Prat del 14 de octubre de 2019, con el fallecimiento de un turista, o las denuncias de varios policías nacionales personados como acusación particular y que resultaron con graves lesiones en los incidentes organizados por esta misma plataforma independentista en las calles del centro de Barcelona cuatro días después.
Para el magistrado de la Audiencia Nacional, no cabe duda de que las algaradas del otoño de 2019 para denunciar la sentencia del 'procés' que condenó a penas de cárcel a Oriol Junqueras, Jordi Turull y otros siete los líderes independentistas son terrorismo y no simples desórdenes; y que, en consecuencia, estos hechos deben ser competencia del Supremo. «La gravedad de los delitos que en este momento se vislumbran, la clara afectación que estos tuvieron a los intereses generales, y a estructuras económicas esenciales del Estado, los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito no solo exigen su esclarecimiento promoviendo la acción de la justicia, sino que además exige, en defensa de la legalidad, que la instrucción y enjuiciamiento se efectúe por el órgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional para ello, que en este caso sería de la Sala Segunda del Tribunal Supremo», zanja García-Castellón. Es decir, los magistrados de lo Penal que sentenciaron sobre el 'procés'.
El propio instructor, en su auto, incluye un duro varapalo a la Fiscalía por su aparente obsesión en que no se acuse de terrorismo a Puigdemont, Rovira y los otros diez lideres separatistas encausados en el sumario de Tsunami Democràtic. «Debe reflexionarse sobre el hecho singular de tener que insistir ante al órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo», reprocha el juez, quien en otro auto rechaza el recurso de Marta Rovira contra la decisión de cursar una comisión rogatoria a Suiza para que comunique su paradero.
Fue el pasado 21 de noviembre cuando García Castellón pidió enviar la causa de Tsunami Democràtic al Supremo, en contra de las tesis de la Fiscalía que aseguraba que no existen pruebas para acusar a Puigdemont en esta causa y que había pedido que el sumario pasase a la justicia ordinaria al no apreciar terrorismo. Entonces, el juez afirmó sin tapujos que el expresident se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami y añadía que su anterior estatus institucional y su liderazgo desde Bruselas del independentismo le confieren «una posición de autoridad incuestionable».
Y no solo eso. El juez, en las antípodas de la tesis exculpatoria de la Fiscalía, afirmaba que existen indicios que permiten inferir que Puigdemont participó en el «nacimiento y planificación» de las acciones de Tsunami, que provocaron durante semanas el caos en diversos puntos de Cataluña; entre ellos El Prat, además de cortes de vías o el asedio de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana, en Barcelona.
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