Junts intenta salvar a Borràs y a todos los encausados por terrorismo de los CDR y Tsunami

El texto de la ley registrada en un primer momento fija el ámbito objetivo de la amnistía al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Junts, en cambio, propone que la fecha de inicio se amplíe al 1 de noviembre de 2011, dos meses más para blindar lo que consideran el origen del 'procés'. Esta ampliación temporal tendría que ver con una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011 entre los máximos dirigentes de Convergència y tres miembros de la familia Pujol, que la policía situó como el inicio del 'procés'. Junts propone incluir «todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017».

Además, Junts trata de blindar a los encausados por terrorismo de Tsunami Democrático, entre ellos Carles Puigdemont o Marta Rovira, y los CDR. Los de Puigdemont mantienen del texto original las referencias a los actos dolosos que tienen como resultado la muerte. Pero en sus enmiendas, instan a eliminar del texto, en el apartado de exclusiones, las alusiones a los actos tipificados como delitos de terrorismo. A su juicio, tal y como está redactado el texto original podría ser anticonstitucional. Y también considera que no existe «ninguna obligación conventual ni jurisprudencial» que imponga excluir de una amnistía los actos de terrorismo.

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«A la vista del uso indebido que se hace del Código Penal y de los instrumentos del Estado para perseguir a los independentistas catalanes, resulta del todo conveniente retirar de entre los delitos excluidos los actos así tipificados porque es una realidad que, nada más hacerse pública la Proposición de Ley de Amnistía se han reactivado procesos que se asumía estaban destinados al sobreseimiento», según la enmienda de los junteros. «A lo largo de todo el periodo que abarca la Proposición de Ley de Amnistía no existe ningún acto que pueda ser tipificado como delito de terrorismo, sin embargo, nos encontramos que, al menos, existen dos procedimientos en los que, arbitraria e injustificadamente, se investiga y persigue a independentistas catalanes por hechos que no serían tipificables como tales pero que lo están siendo y, para conseguir que el ámbito objetivo de esta amnistía abarque al mayor número posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o cercanía con el independentismo catalán, ha de retirarse de las exclusiones de la Ley los actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y delitos de terrorismo», señala.

Junts sigue tensando la cuerda con el Gobierno, al día siguiente de advertirle de que si no aborda la negociación de un referéndum, la legislatura estará acabada. Y busca una salida a su presidenta, Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio por prevaricación y falsedad documental. Las enmiendas de los junteros plantean que se incluya a las víctimas de operaciones policiales «artificiosas o prospectivas», justo lo que denuncia Borràs, orientadas a las «criminalización de dirigentes», siempre y cuando no haya habido «incremento patrimonial». Encaja en el caso de Laura Borràs, que siempre se presentó como una víctima de lawfare, un término que apareció en el pacto suscrito entre el PSOE y Junts, pero no fue incluido en la ley de amnistía.