Junts lanza otro pulso al PSOE al romper la mayoría de la amnistía con mayores exigencias

El compromiso de los socialistas y los socios alineados es que solo prosperarán las enmiendas pactadas, lo que condena las elevadas por Junts. Pero lo relevante es el nuevo pulso que han decidido librar los independentistas para delimitar su terreno ante Sánchez y, por extensión, ante Esquerra. Los dos últimos días, trufados de conversaciones «echando humo» para intentar sellar un acuerdo sobre los cambios «técnicos», pero con fondo político, a la ley habían tropezado con las reticencias del Gobierno a ceder sobre las causas por terrorismo ante el temor de un revés de la UE; y ante la constatación de que el Derecho europeo es el prevalente en la capacidad suspensiva de las cuestiones prejudiciales.

El registro de las enmiendas evidenció que la frágil cohesión se había roto y que Junts iba a tirar por libre. Y además, todo ello, la víspera de la reunión este miércoles entre el representante socialista Santos Cerdán y el juntero Jordi Turull para engrasar relaciones tras el forcejeo por el pacto sobre inmigración que salvó los decretos hace una semana.

Las negociaciones llegaron una vez más tan al límite que el PSOE registró su enmienda con matizaciones en la exposición de motivos de la norma y siete cambios en su articulado, con la firma también de Sumar, ERC, Bildu y el BNG, poco más de un segundo después de las 18:00 horas en que vencía el plazo; una dilación que los socialistas atribuyen a una dificultad técnica sin consecuencias y contra la que el PP anunció horas después que va a batallar. En paralelo, Junt formuló su propio texto y Esquerra acabó también oficializando cuatro enmiendas, una de las cuales es coincidente con la de su rival independentista al pretender extender la amnistía a las causas por terrorismo: su secretaria general, Marta Rovira, está imputada junto a Puigdemont por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por presunto terrorismo en el sumario de Tsunami. 'Au-dessusde la mêlée', el PNV no redactó enmiendas propias ni firmó las de nadie y apoyará aquellas que «formulen mejor» la ley.

A la espera hora de cómo se desarrollen las dos semanas que restan para que la proposición legislativa pase por la ponencia -que echa a andar este jueves-, se refrende en comisión y sea votada en pleno donde saldrá adelante, salvo implosión, la quiebra en torno a las enmiendas vuelve a evidenciar la zozobra que es capaz de inocular Junts en sus relaciones con el Gobierno de Sánchez y el resto de aliados que lo sustentan. Los de Puigdemont, que ambicionan que la amnistía no tenga «excepciones» y sí «efectos inmediatos», enmiendan la ley para que su aplicación -entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023- se retrotraiga al 1 de noviembre de 2011. El 25 de ese mes se celebró la reunión entre los dirigentes de Convergència y tres miembros de la familia de Jordi Pujol que la Policía situó como el inicio del 'procés'.

Y si los de Puigdemont, en esto como ERC, proponer tachar literalmente el párrafo de la ley que especifica todos los delitos terroristas del Código Penal que no podrán ser amnistiados si hay sentencia firme y vienen a pedir amparo para la saga del histórico expresidente de la Generalitat, hacen extensivo ese blindaje a su presidenta, Laura Borràs. Lo hacen a costa de tratar de colar en la norma el polémico 'lawfare', cuya admisión asumió el PSOE en su acuerdo con Junts. Los secesionistas piden que se borren penalmente las causas montadas por supuestas» operaciones artificiosas o prospectivas» del Estado destinadas a «criminalizar» a líderes del 'procés' y no constaten un enriquecimiento «ilícito». Es decir, el argumento siempre esgrimido por Borràs para zafarse de su condena por corrupción.