El Gobierno ordena la desclasificación parcial del espionaje a Pere Aragonès con Pegasus

El Ejecutivo accede así a levantar parcialmente el secreto de este material tal y como le había reclamado el titular del Juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, quien investiga la infección con este programa de 18 líderes independentistas.

La información que el juez de Barcelona había reclamado al Gobierno era, no obstante, mucho más extensa que la desclasificada ahora: quería saber si el CNI tiene licencia de Pegasus, quién habría comprado ese permiso a la empresa israelí NSO Group; qué personas participaron en sea supuesta compra; o registros sobre el empleo de Pegasus, entre otras cuestiones.

El juez quería tener todos los detalles de la operativa del espionaje antes de interrogar, como imputada, el próximo 26 de enero a la exdirectora del CNI Paz Esteban, el único alto cargo gubernamental investigado por Pegasus.

La operación de espionaje no puede ser negada por el Gobierno, ya que fue reconocida el 5 de mayo de 2022 en la comisión de secretos oficiales del Congreso por la propia exdirectora del centro Paz Esteban, quien aseguró, no obstante, que esos 18 pinchazos siempre fueron con autorización del Tribunal Supremo. La exdirectora negó, sin embargo, que lo servicios secretos estuvieran detrás de la infección de los «smartphones» de otros 43 políticos independentistas -41 catalanes y 2 vascos- que fueron atacados a través del «malware» israelí, según el análisis de Citizen Lab, el centro canadiense que reveló el espionaje al secesionismo catalán. Esteban fue fulminada el 11 de mayo de ese mismo año, menos de una semana después de desvelar ante los diputados este operativo.

El pasado 13 de diciembre el propio Aragonès declaró ante el juez como perjudicado y en calidad de testigo. El president al CNI de espiarle entre julio de 2018 y marzo de 2020. En aquella época era vicepresidente del Govern, bajo la presidencia de Quim Torra. En ese periodo se inició la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, se impulsó la moción de censura contra Rajoy, se negociaron los presupuestos del Gobierno, que ERC tumbó, y la investidura de Pedro Sánchez. Aragonès citó conversaciones sobre estos cuatro acontecimientos en sus llamadas telefónicas, además de contactos con banqueros y empresarios. En julio de 2022, Pere Aragonès se querelló contra la exdirectora del CNI y contra la empresa fabricante del software del espionaje.

El pasado 25 de octubre, ERC dejó muy claro en el Parlament que «con la amnistía no basta» y que, además de otras exigencias, para dar estabilidad a la legislatura de Pedro Sánchez los republicanos querían que el Gobierno desclasificara los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el espionaje a los independentistas catalanes, entre ellos al president Pere Aragonès, durante los meses y años posteriores al procés. El pasado 11 de diciembre, un mes y medio después después de que el propio Aragonés y el líder de ERC Josep Maria Jove vincularan su apoyo al levantamiento del secreto de esos papeles sobre el uso del malware Pegasus, por primera vez el Gobierno mostró su disposición a la desclasificación de esos informes, algo que hasta ahora se había negado en redondo a hacer.