García Castellón pide a la Guardia Civil localizar al diputado de ERC que se ha mudado a Suiza

En ese mismo auto, el instructor -al que incluso desde el Gobierno han acusado de activar recientemente las acusaciones de terrorismo contra Carles Puigdemont para poner trabas a la ley de amnistía- aprovecha para tratar de demostrar que desde un inicio siempre investigó a Tsunami como terrorismo. Recuerda que ya el 19 de noviembre de 2019, solo unos días después de abrirse esta causa por los incidentes tras la sentencia del procés, ya «se apreció la presencia de unos hechos susceptibles de incardinarse en infracciones susceptibles de constituir una alteración grave de la paz pública, como señala el artículo 573 del Código Penal para los delitos de terrorismo».

En esa línea de desmontar las acusaciones de intentar interferir en la amnistía, recuerda que la «primera resolución» en la que hubo un «pronunciamiento expreso sobre la calificación de los hechos como delitos de terrorismo» fue el 21 de julio de 2023, antes incluso de las Elecciones Generales, después de que en mayo se presentaran los informes de imputaciones individualizados.

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García Castellón insiste en que el 19 de julio pasado la Fiscalía había calificado los hechos de terrorismo, aunque una semana después presentara un escrito de subsanación. En cualquier caso, recuerda el instructor, lo que «no consta» es «recurso alguno ni por la Fiscalía, ni por ninguna de las defensas ya personadas en aquel momento, contra el auto de este magistrado del 19 de julio en el que ya se calificaba el hecho como delito de terrorismo».

Además, explica que tanto en las comisiones rogatorias enviadas a Suiza, en diciembre de 2019, o la cursada a Estados Unidos, ya se hablaba expresamente de delito de terrorismo.

En ese mismo auto, y prosiguiendo siempre en su investigación sobre terrorismo, pide más información sobre el asalto al aeropuerto de El Prat de octubre de 2019, el episodio que el juez cree que confirma con más fuerza el carácter terrorista de Tsunami. En particular, reclama saber si la Agencia Española de Seguridad Aérea y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) abrieron investigaciones por aquellos hechos.