Las causas de Tsunami y la trama rusa enredan la amnistía de Puigdemont

Joaquin Aguirre, el juez del denominado 'caso Voloh', tras revelar nuevos contactos del exjefe de Gobierno autonómico y su entorno con los «servicios secretos» de Vladímir Putin en busca de respaldo para la secesión de España en 2017, llegó a insinuar este lunes que el president puedo incurrir en alta traición. Mientras, Manuel García Castellón –que durante los últimos días ha hecho públicos diversos autos para acusar a Puigdemont de un delito de terrorismo no amnistiable y ha revelado un supuesto complot para una «acción» contra Felipe VI– volvió a la carga imputando al huido en Waterloo estar en la cúspide de un plan para «subvertir el orden constitucional»a través de las actuaciones de 'Tsunami Democràtic'.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona sitúa en el epicentro de la trama para que Moscú se inmiscuyera en el 'procés' al exdirigente de Convergència Víctor Terradellas y al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, ambos estrechos colaboradores del expresident. Ellos habrían tejido los contactos no solo con los espías del Kremlin, sino también con la extrema derecha alemana, rusa e italiana para buscar apoyos internacionales.

Aguirre concluye que Rusia tenía interés en el 'procés' por su propósito de «desestabilizar la Unión Europea» y, sobre todo, por su obsesión en «establecer relaciones de influencia política y económica con el Gobierno de Cataluña si éste se independizaba de forma unilateral de España». Operando ya en esa estrategia –revela el juez–, el entorno de Puigdemont había comenzado a trabajar para desarrollar una «legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos».

Según el relato del instructor barcelonés, la operación del Kremlin también buscaba utilizar a Cataluña, una vez independiente, como ariete contra la UE si se iniciaba una «guerra entre la Unión Europea y Rusia». El magistrado, que da a entender que Moscú pudo incluso filtrar a los dirigentes independentistas sus planes de expansión territorial, llega a afirmar –a la vista de «algunos mensajes encontrados en el teléfono móvil» de Terradellas– que «la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa» iba a ser «el primer paso importante de la estrategia política del Gobierno ruso y su presidente Putin (de tendencia política de extrema derecha) (sic) para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea» . Una estrategia en la que una Cataluña independiente y prorrusa habría tenido un papel central.

Junto a ello, el juez sostiene que esa maniobra de Putin también podría tener como objetivo «producir la salida de España» de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña respaldada por el Gobierno de Moscú «mediante soporte económico y militar, ofrecimientos ambos ya conocidos en esta instrucción».

Tanto en este sumario como en el juicio sobre el 'procés' ya aparecieron menciones sobre la promesa del Kremlin de aportar 10.000 soldados o mercenarios para que Cataluña, tras la secesión, contase con una estructura militar transitoria hasta que formara su propio ejército como país independiente. Según una conversación grabada entre Terradellas y otro dirigente secesionista, Puigdemont se quedó «anonadado» por esa oferta, pero «se cagó en los calzoncillos» ante el ofrecimiento de que tropas rusas entraran en Cataluña.

A diferencia del juez del 'caso Voloh', García Castellón no incluyó este lunes nuevas revelaciones en el auto que prorroga seis meses más la instrucción sobre Tsunami Democràtic a la espera de recibir contestación a varias comisiones rogatorias o de que el Supremo decida si queda para sí esta causa. Pero al margen de alargar su investigación, al menos, hasta el 29 de julio –más allá de la aprobación definitiva de la amnistía prevista para abril–, el magistrado aprovechó su nuevo auto para afianzar las acusaciones de terrorismo contra la plataforma que, según el juez, estaba dirigida, entre otros, por el propio Puigdemont.

El magistrado de la Audiencia Nacional indica en su resolución que del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que Tsunami «fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».

García Castellón insiste en dibujar a Tsunami con las líneas clásicas de una organización terrorista con el objetivo de ejecutar «acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España».