El juez sitúa a Puigdemont en el plan de Tsunami para «subvertir el orden constitucional» y prorroga la instrucción

El magistrado en su resolución indica que del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que Tsunami Democratic (TD) fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva.

Pero más allá de alargar su investigación, al menos, hasta el 29 de julio - probablemente mucho más allá de la aprobación de la controvertida ley que borrará los delitos de los secesionistas catalanes- el magistrado aprovecha su nuevo auto para afianzar las acusaciones de terrorismo contra la plataforma que, según el magistrado, estaba dirigida, entre otros, por el propio Puigdemont. El magistrado en su resolución indica que del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que Tsunami «fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».

García Castellón insiste en dibujar a Tsunami con las líneas clásicas de una organización terrorista con el objetivo de ejecutar «acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España».

Con esos antecedentes y los importantes disturbios promovidos por Tsunami -como la toma del aeropuerto de El Prat con un centenar de vuelos cancelados y graves destrozos (14 de octubre de 2019); las graves heridas causadas a dos policías durante el cerco a la Jefatura de Barcelona (18 y 19 de octubre) o el corte durante 30 horas de la autopista AP-7 de conexión de la comunidad catalana con Francia (11 de noviembre)- para el juez, no cabe duda de que «provisionalmente» los «hechos investigados serían susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo». Y no solo según el Código Penal español, sino también a «la luz de la interpretación que de este delito» hecha por el Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, de «los tratados internacionales ratificados por España y por la Unión Europea» o del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo.

Y es al repasar los orígenes de Tsunami luego de definirla, sin decirlo expresamente, como organización terrorista cuando insiste en situar en la cúspide de esta plataforma a Puigdemont. En esa línea, explica el juez que hay documentos en la causa que apuntan a que tanto Òmnium Cultural como el expresident «podrían haber participado en la aparición» en agosto de 2019 de Tsunami, hasta el punto de que Òmnium «informaría directamente» a Puigdemont sobre los detalles del nacimiento de esta plataforma.

El magistrado, en su extenso auto de 25 páginas, se esmera en justificar que efectivamente necesita más tiempo para investigar en esta causa, rechazando implícitamente que haya querido alargar esta causa por motivaciones espurias. En esa línea, recuerda que la investigación» ha resultado compleja» y que requerido actuaciones fuera del territorio nacional «con la emisión de comisiones rogatorias y ordenes europeas de Investigación a EEUU, Suiza, Canadá, Países Bajos», que además precisaron de sucesivas ampliaciones, «lo cual ha llevado periodos más largos para su ejecución».

En esa línea de justificarse, el instructor afirma que, entre otras diligencias pendientes quedan peticiones de auxilio internacional, una de ellas a Francia para recabar la declaración de los familiares del fallecido en el aeropuerto de Barcelona de un infarto durante las protestas, así como otra solicitud a Suiza para esclarecer la financiación de la organización.