Junts amaga ahora con votar este martes en contra de la ley para forzar una nueva negociación

Los socialistas llevan días diciendo que están «cómodos» con la ley como está. El pasado martes, tras modificar el artículo que excluía los delitos de terrorismo con sentencia firme de la norma y aceptar que quedaran fuera solo aquellos en los que hubiera una «intención directa» de causar muerte o torturas, llegaron a darla por «cerrada». Pero después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón advirtiera de que, probablemente, tampoco así Puigdemont podría beneficiarse de la amnistía, evitaron cerrar la puerta a más cambios. Ayer, la nueva portavoz de su ejecutiva, Esther Peña, fue clara. «Los partidos siguen hablando y hasta la votación mañana por la tarde –dijo– hay tiempo».

Hasta ahora, Junts y ERC han conseguido, no sin esfuerzo, que el PSOE acepte ir modulando la norma para tratar de taponar posibles vías de agua al compás de los movimientos judiciales. En esta fase de la tramitación es, no obstante, más complicado hacerlo. Lo único que está en mano este martes de los socialistas es apoyar las enmiendas que rechazaron tanto en el debate de la ponencia como en la comisión porque el Reglamento impide debatir las transaccionales si no hay unanimidad. Y el PP y Vox jamás aceptarían.

La enmienda 'viva' que en estos momentos persiguen los de Puigdemont con más ahínco propone sacar del apartado de delitos excluidos de la amnistía el terrorismo y los de «traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional»; es decir, los que podrían derivarse de la trama rusa y cuya investigación ha decidido prorrogar por otros seis meses el titular el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Ambas modificaciones harían muy difícil, según sostenían hasta hace poco en el Gobierno, que la ley de amnistía pasara el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero tampoco sería la primera vez que el PSOE da un volantazo.

De momento, lo que sí hicieron ayer fue elevar el tono en privado contra la actuación de los jueces . «Cada vez que el Legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha. Las decisiones –apuntaron fuentes de la dirección– tienen un objetivo muy claro». Las críticas apuntan de manera expresa a García Castellón, que desde noviembre mantiene investigados por terrorismo a Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pero también recelan de la evolución del 'caso Voloh', la supuestas maniobras diplomáticas orquestadas por el entorno del 'expresident' para lograr el apoyo de Rusia a la secesión.

Peña evitó cargar expresamente contra los magistrados, durante su comparecencia en Ferraz. Sin embargo, sí rechazó de forma tajante, como el miércoles hizo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que las actuaciones de los CDR o Tsunami Democràtic encajen en los parámetros que se investigan. «Nadie que no quiera utilizar el terrorismo para ganar ventaja política puede decir algo así sobre lo que ocurrió en Cataluña en 2017», llegó a argumentar en una crítica dirigida al PP, pero con claras derivadas.