Junts zarandea la legislatura al obligar al Gobierno a renegociar la ley de amnistía

El golpe de la formación independentista aboca a un otro largo tira y afloja de difícil solución. Junts pretende que del capítulo de la ley que ya excluye de la amnistía aquellos delitos de terrorismo que hayan producido de manera intencionada «violaciones graves de los derechos humanos» se saque el terrorismo sin condiciones, pero además que se eliminen también los delitos de «traición y contra la paz y relativos a la Defensa Nacional». La exigencia busca cubrir los «agujeros» que, desde su punto de vista, están aprovechando algunos jueces para torpedear la amnistía. El Ejecutivo, sin embargo, entiende que esa modificación impediría que la norma pase el filtro de la justicia europea.

En el Gobierno hay también malestar con la Magistratura y, aunque el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dejó constancia de su «nítido rechazo» a los ataques vertidos por sus socios contra el Poder Judicial, en privado los socialistas coinciden en que togados a los que tanto la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, como la de ERC, Pilar Vallugera, acusaron desde la tribuna de «prevaricación» –en concreto, Manuel García Castellón, que desde el pasado noviembre mantiene imputados por terrorismo a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o Joaquín Aguirre, que ha decidido prorrogar seis meses la instrucción del 'caso Voloh' tras revelar nuevos contactos del exjefe del Gobierno autonómico con los «servicios secretos» de Vladímir Putin en busca de respaldo a la secesión– están tratando de interferir en la actuación del Legislativo. Pero insisten en que es clave que de las Cortes salga una ley «impecable» desde el punto de vista jurídico.   

Nogueras desdeñó las razones esgrimidas por el PSOE para resistir sus presiones. «¿En serio es la justicia europea lo que les da miedo? –cuestionó–. Ya les hemos dicho que asumimos toda la responsabilidad. Llevamos años demostrando con éxito cómo actuar ante la justicia europea; allí no hay Marchenas ni Aguirres», presumió, a pesar de los distintos reveses que en estos años ha afrontado la defensa de Puigdemont ante los tribunales de la Unión. El Gobierno recibió el argumento como quien oye llover. No solo porque su veracidad sea cuestionable, sino porque sabe que un tirón de orejas por parte de la UE recaería fundamentalmente sobre sus espaldas.

El mensaje que se afana en trasladar ahora el Ejecutivo es que su margen para la negociación es ya casi nulo. Bolaños, muñidor de la norma, defendió que, tal y como estaba, el texto «consigue el objetivo perseguido» y no ocultó su enfado. «Es incomprensible que Junts haya votado junto al PP y Vox en contra de una ley que ha pactado y que ha votado cuatro veces a favor en las últimas semanas –disparó–. Pido que reconsideren su posición».  

Hasta el último minuto, los negociadores socialistas se emplearon a fondo para evitar un resultado que puede acabar teniendo consecuencias catastróficas para el devenir de la legislatura. El principal negociador del Ejecutivo defendió que aún quedan «tres años y medio» de Gobierno progresista por delante, pero en el Ministerio de Hacienda reconocen que lo sucedido puede complicar aún más una negociación presupuestaria que ya va con retraso, precisamente, por el temor a que Junts aboque a una tramitación de infarto. La vicepresidenta, María Jesús Montero, tiene claro que no llevará el proyecto al Congreso sin tener garantizado de antemano que superará el primer filtro parlamentario, el debate de totalidad.

De saque, el revés sufrido este martes ya puede poner algo más cuesta arriba al PSOE la difícil campaña de las elecciones a la Xunta del próximo 18 de febrero, a las que Sánchez aspiraba llegar más o menos con el debate de la amnistía sosegado, pese a defender que en Galicia el asunto ni mueve ni quita voto. Ya no será así.