Las claves: La ley de la legislatura queda varada en el Congreso

El Congreso afronta ahora una situación tan particular como la de tener que volver a analizar –y en su caso negociar las enmiendas 'vivas' de Junts– una iniciativa legislativa excepcional que echó a andar, y con ella el tercer mandato de Sánchez, con el aval del conjunto del soberanismo. Un nuevo hito en el camino de una norma que desde que fue registrada, solo con su firma, por el PSOE el 13 de noviembre no ha conseguido sacudirse la conflictividad que la rodea. Lo que parecía más encarrilado, la aprobación por el Congreso, se ha convertido en un vía crucis que confirma lo que no pocos penalistas y constitucionalistas auguran: un calvario cuando toque aplicarla encausado a encausado, con Carles Puigdemont a la cabeza. Así está hoy la ley, varada en la Cámara baja, tras las enmiendas que sí se han acordado.

Los preámbulos de las leyes carecen de fuerza normativa, pero les confieren el marco interpretativo. En ponencia, el PSOE y cuatro de sus socios –Sumar, ERC, Bildu y el BNG– pactaron un enmienda solo con una precisión: que Austria también tiene reconocida la amnistía en su Constitución. Fue en la segunda ronda, ya en el debate en comisión y con el apoyo de Junts, Podemos y el PNV, cuando la exposición de motivos se amplió para intentar conjugar algo que se presume poco menos que imposible a tenor de las advertencias de los letrados del Congreso y de otros juristas: el blindaje de la norma frente a las causas en curso y las cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC y prejudiciales ante la UE –las que pueden paralizar no la norma pero sí los procedimientos concernidos– que puedan elevar los jueces y tribunales.

La enmienda sumada ya a la ley la modifica para establecer, amparándose en la Carta europea de los Derechos Fundamentales y en la Constitución española, que la Judicatura deberá «alzar de inmediato las medidas restrictivas» sobre los encausados incluso en el supuesto de «una eventual suspensión del procedimiento judicial». El Gobierno y sus aliados procuran curarse en salud dejando constancia de que esta previsión es «coherente» con el artículo 163 de la Constitución que regula las cuestiones de inconstitucionalidad y el 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE que hace lo propio con las cuestiones prejudiciales. Normativas que parte del mundo del Derecho cree insalvables por más que el legislador pretenda sortearlas.

Lo pactado por todos los socios en este artículo supone la traslación operativa del blindaje que ambiciona la exposición de motivos. Y es el precepto que determina, apretando el original, más genérico, a fin de que los jueces no tengan escapatoria, que «el órgano judicial que esté conociendo la causa procederá a dejar sin efecto las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención». O lo que es lo mismo, el intento de que la exoneración de Carles Puigdemont se haga carne de forma efectiva. La paradoja –otra– es que lo llamado a beneficiar al expresident puede no alcanzarle a Oriol Junqueras, con condena firme y vigente en lo que se refiere a la inhabilitación por malversar caudales públicos.

Junts y ERC reivindican lo mismo, aunque con una fórmula no mimética y una votación dispar este martes, para que el terrorismo y los ilícitos «de traición y contra la paz o la independencia del Estado» queden también exculpados al ejecutar la amnistía. En la proposición registrada en noviembre, el PSOE y sus socios dieron por bueno que la coletilla «siempre y cuando haya recaído sentencia firme» extendía el paraguas preciso para que a Puigdemont no le empitonara la imputación del juez García Castellón, formalizada una semana antes, en la causa abierta a Tsunami Democràtic. Pero la constatación de que el magistrado de la Audiencia Nacional no va a cejar en su instrucción ha hecho cundir el temor en Junts y ERC, que arrancaron al Gobierno el viraje en la ley por el cual ahora se amnistían todos los delitos terroristas salvo los que desembocaran durante el 'procés' en muerte o torturas. La «intención homicida» que García Castellón atribuye a Tsunami, unida a la investigación de un togado de Barcelona contra el expresident por las conexiones con la Rusia de Putin, cuestiona que el huido en Waterloo pueda ser amnistiable. Y ese escollo –el borrrado de todo terrorismo y de la traición al Estado– dinamitó este martes el refrendo de la ley en el Congreso. Hasta nueva negociación.