La marejada generada en el PSOE a finales de julio por la promesa de una suerte de concierto fiscal para Cataluña a cambio del apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa casi murió a la orilla del comité federal celebrado este sábado, ... el primero desde aquella cita de abril en la que la formación se reunió bajo la conmoción del amago de dimisión de Pedro Sánchez por la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. No hubo una gran bronca entre dirigentes territoriales ni entre estos y la dirección federal, pero eso tampoco significa que el debate de la financiación autonómica se pueda dar por encauzado. El asunto amenaza con ser uno de los principales temas de discusión de cara al congreso federal, convocado ya oficialmente para finales de noviembre.
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La mayoría de los dirigentes territoriales que hicieron constar su malestar tras conocer el texto firmado por el PSC con Esquerra, con el aval del propio Sánchez, aseguran que no han abdicado de su oposición a que Cataluña salga del régimen común para recaudar, gestionar e inspeccionar el 100% de los impuestos, aunque fueran los críticos habituales, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y el expresidente de Aragón, Javier Lambán, quienes la manifestaran con mayor contundencia y menos pelos en la lengua.
A las puertas de Ferraz, Page calificó lo pactado con los republicanos de «mucho más egoísta que socialista, incomprensible e indefendible» y Lambán advirtió: «No hay un solo Estado en el mundo dispuesto a perder el control de la fiscalidad del 28% del PIB del país, que es lo que suman País Vasco, Navarra y Cataluña. Si a Madrid le diera por asumir esto, el resto nos tendríamos que ir en patera a Mauritania».
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Otros, como el extremeño Miguel Ángel Gallardo; el castellanoleonés Luis Tudanca, el madrileño Juan Lobato o la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, que actuó como portavoz de su federación en ausencia de Adrian Barbón, evitaron el tono cizañero y algunos incluso interpretaron que estuvieron complacientes. «Pero si supieran leer entre líneas, en Ferraz verían más críticas de las que asumen», apuntaba un dirigente. Hasta el andaluz Juan Espadas, que forma parte de la dirección federal, buscó un complejo equilibrio y prometió que su federación buscará que la solución de la financiación «sea para todos y no para unos pocos».
En el PSOE de hoy no cabe, en todo caso, esperar rebeliones o sublevaciones como las de antaño, cuando existían más contrapesos internos. Desde que Pedro Sánchez ganó las primarias de 2017 a Susana Díaz contra todos los poderes fácticos del partido y, un año después, asumió el Gobierno, la contestación ha brillado por su ausencia. Lo que algunos anuncian es una batalla «serena».
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Sánchez no logró disipar este sábado los recelos -pese a que la dirección del partido se felicitaba por otro comité federal plácido-, pero tampoco lo intentó. El Gobierno lleva semanas cargando contra quienes leen en lo acordado con los independentistas republicanos un sistema de concierto similar al vasco o al navarro -entre ellos, voces con tanta autoridad en el PSOE como el exministro Josep Borrel-, pero no ha logrado explicar hasta la fecha qué es entonces lo que cabe interpretar del documento firmado por el PSC con ERC.
Ante el comité federal, el jefe del Ejecutivo se limitó a prometer que habrá más recursos para todos de los que hubo con los gobiernos de Mariano Rajoy; reiteró que se doblarán las cuantías del fondo de compensación interterritorial; sostuvo que «todas las comunidades que lo deseen» podrán recaudar y gestionar más gravámenes «porque es algo que ya hacen con éxito países como Alemania y Canadá»; y arremetió contra las autonomías del PP por «pedir dinero con una mano mientras con la otra hacen regalos fiscales a los más ricos».
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Ningún territorio encuentra en esos argumentos motivo de tranquilidad. Muchos recuerdan que, al margen de las inyecciones concretas de dinero, lo que garantiza un reparto justo a las duras y a las maduras es el modelo, lo estructural; el fondo de compensación interterritorial es residual y está al margen del sistema de financiación; los esquemas aplicados por Alemania y Canadá, muy distintos entre sí, no son homologables a lo descrito en el acuerdo de investidura de Illa; y que no se comparta la gestión de la derecha no hace más digerible la idea de un cupo catalán.
Lo que sí consiguió el presidente del Gobierno es que algunos de los dirigentes más incómodos con una propuesta que, creen, detraería recursos para el mantenimiento de los servicios en sus comunidades, salieran del comité optimistas con la idea de que, al menos, su voz ha sido oída y servirá para conformar una posición común en el congreso federal. «La conclusión es que es bueno sentarnos y hablar, que es lo que ha faltado, porque hay cosas que nosotros no podemos explicar a nuestros ciudadanos si se nos dan hechas», apuntan desde una federación numerosa.
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Lambán lo expresó de otra manera menos dulce. «Que Illa sea president es importante, pero también lo es gobernar en Baleares, en Andalucía o en Castilla y León; el congreso -advirtió- debe dedicarse a hacer políticas que nos permitan recuperar posiciones en el resto de España». En el conjunto del partido hay preocupación por la erosión sufrida en los territorios. Sánchez, que sopesa algunos relevos en los próximos congresos federales, alegó tras el varapalo electoral en Galicia -en febrero- que había que buscar perfiles que «trasciendan la marca». El líder saliente de los socialistas de Aragón replicó este sábado: «Que a Cataluña le vaya bien y al resto mal tiene que ver con el debate territorial».
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