Sánchez mide en el comité federal las resistencias del PSOE al concierto catalán

Nadie espera, en realidad, que la cita –en la que se aprobará el calendario del proceso congresual para renovar la estructura interna federal y regional a partir de final de noviembre– acabe en gran cisma. Entre otras cosas, porque Sánchez sigue siendo un líder indiscutido al que no se vislumbra relevo, pero también porque, pese a que el documento pactado con los republicanos describe un modelo muy similar al del Concierto vasco o el Convenio navarro, el Gobierno no ha terminado de aclarar qué es lo que pretende sacar adelante y la mayoría cree que, a la hora de la verdad, las exigencias de los republicanos no se materializarán.

«Se han metido en un callejón sin salida», apunta un barón crítico con la medida. «Lo único que puede haber son reflexiones teóricas, sobre un marco teórico, pero todo eso hay que aterrizarlo», dijo también a última hora del jueves el presidente de Asturias, Adrián Barbón, afín al jefe del Ejecutivo pero dispuesto a plantar batalla no ya en el partido sino, llegado el caso, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los tiempos en los que Sánchez debía mirar por encima del hombro para evitar un apuñalamiento acabaron con la derrota de Susana Díaz en las convulsas primarias de 2017 y, sobre todo, con su llegada al Gobierno un año después, gracias al éxito insospechado de su moción de censura contra Mariano Rajoy. La cita de de este sábado, sin embargo, sí puede servir para medir hasta qué punto el partido supera una etapa marcada por la práctica ausencia de debate interno y para determinar el grado de resistencia de dirigentes territoriales a los que Ferraz ya planea mover la silla.

Es un hecho que ni siquiera la amnistía a los encausados del 'procés', que Sánchez defendió abiertamente por primera vez en el comité federal del 28 de octubre del año pasado para hacer de «la necesidad virtud» y dar el único paso que podía impedir la llegada de la derecha y la ultraderecha al poder, levantó tantas ampollas como el concierto catalán. Y algunos barones explican el porqué: «Esto sí es un agravio que atenta directamente contra los intereses de nuestros ciudadanos, afecta a los servicios públicos de los que son beneficiarios».

Hay en muchos territorios malestar porque una decisión que afecta a todos se haya tomado unilateralmente de la noche a la mañana sin debate alguno. Los que lo han expresado de manera más contundente han sido los siempre críticos Emiliano García-Page («Esto no me vincula ni me representa», dijo el presidente castellano-manchego en julio) y Javier Lambán, el líder de los socialistas aragoneses, ya de salida. Pero también han dejado constancia de su discrepancia el extremeño Miguel Ángel Gallardo, el madrileño Juan Lobato, el castellanoleonés Luis Tudanca y Barbón, ausente este sábado por cuestiones de agenda institucional. El gallego José Ramón Gómez Besteiro o el andaluz Juan Espadas han sido, en cambio, más ambiguos en sus declaraciones.

En Ferraz, en todo caso, dan por hecho que será un comité tranquilo y que los ánimos se han serenado en agosto, tras muchas llamadas de Illa o de la número dos del partido y el Ejecutivo, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, a los barones en las que, no obstante, hubo poca concreción. Incluso desde federaciones como la aragonesa, que la semana pasada votó contra el pacto, asumen que en el comité «se suavizará todo». Pero hay voces que avisan de que lo mollar sobre la financiación se dilucidará en el congreso federal, en el que la capacidad de control de la dirección es más reducida. Y avisan de que las resoluciones orgánicas que allí se aprueben son de obligado cumplimiento.