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El PP trata de hurgar en la herida abierta en el PSOE a raíz del pacto para dotar de un concierto a Cataluña. El día después de escenificar un frente común de todos sus presidentes autonómicos contra el pacto financiero catalán, los populares centraron este ... sábado la atención en el comité federal de sus rivales y en el congreso que Pedro Sánchez ha adelantado a noviembre -y del que espera salir reelegido secretario general- para advertir de que el presidente del Gobierno busca «aniquilar el socialismo y que Ferraz mute definitivamente hacia el 'sanchismo'».
Cuca Gamarra, secretaria general del partido -que participó en un acto en Soria- afirmó que ese cónclave orgánico pretende «purgar» entre los socialistas a todos aquellos que están en contra de la financiación singular catalana pactada entre PSOE y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. «Es un congreso para entronizar como ideario socialista la desigualdad, los privilegios y el egoísmo, un congreso para aplaudir a Sánchez y avalar las políticas de un líder que está llevando al PSOE a su extinción».
Según Gamarra, los socialistas están firmando «su acta de defunción» para convertirse definitivamente en el PSC, con un programa basado en la «desigualdad legal» por la amnistía, la «insolidaridad económica» por la financiación singular y la «división cultural» por la inmersión lingüística. «Lo que ha convocado el PSOE es el funeral del socialismo», sentenció, antes de incidir en que sus oponentes se están haciendo «el harakiri».
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El PP se regodea en un inicio de curso en el que cree que la cuestión de la financiación autonómica hace daño al PSOE hasta en tres frentes: el de las distintas federaciones socialistas, el de la opinión pública y el de sus socios parlamentarios. A diferencia de la amnistía, donde la crítica interna se fue diluyendo paulatinamente y sus aliados apoyaron la iniciativa de forma incondicional, el asunto del cupo catalán, dicen en Génova, afecta al bolsillo de todos y puede extender una desafección transversal.
Además, el intento del presidente del Gobierno de sembrar la discordia entre los populares -que Sánchez ha tratado de alentar invitando a cada uno de los barones a acudir a la Moncloa para negociar de tú a tú un nuevo modelo- fue en vano. Feijóo arrancó el viernes el «compromiso» de los líderes regionales del partido de rechazar cualquier negociación «bilateral» con el Ejecutivo.
Lo que Génova optó por no prohibir en ningún caso es que sus presidentes autonómicos puedan sentarse con Sánchez. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sí que se mostró contraria de forma inmediata a aceptar ese ofrecimiento, pero no así sus homólogos. De hecho, Carlos Mazón, el presidente valenciano, aseguró este sábado «estar deseando ir a la Moncloa para decirle a Sánchez lo que nos debe».
«El concierto separatista lo que significa es menos solidaridad, menos cohesión, menos vertebración territorial. Pero la clave es a cambio de qué», afirmó Gamarra, quien destinó buena parte de su discurso de ayer, mientras los socialistas debatían en su comité federal, a arremeter contra el Gobierno por comparar los fondos diferenciados para Soria, Teruel y Cuenca con la financiación singular para Cataluña.
En concreto, aludió a las palabras días atrás de Pilar Alegría, quien aseveró que el Ejecutivo siempre ha trabajado «teniendo muy en cuenta las singularidades de todos los territorios, en el caso de Cataluña, pero también en Baleares, Canarias o también esas singularidades fiscales para Teruel, Soria y Cuenca»; una alusión que compartió la portavoz del PSOE, Esther Peña.
«Estoy aquí para defender que los ciudadanos de Soria, de Teruel y de Cuenca no sean utilizados políticamente por Sánchez ni por los suyos para justificar lo injustificable, el golpe definitivo de la cohesión social y a la igualdad», rebatió Gamarra, antes de denunciar que el Gobierno ataca «la dignidad» de los ciudadanos de estas tres provincias.
A este respecto, la dirigente riojana -que volvió a pedir una conferencia de presidentes- recordó que los estímulos fiscales en estos tres territorios están aprobados por la UE y son en respuesta a la despoblación y al envejecimiento. «Un agricultor de Soria no es menos que un diputado de ERC, un autónomo de Teruel no es menos que un diputado del PSC y cualquier persona trabajadora en la hostelería, por ejemplo, de Cuenca, tampoco es menos que Illa».
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