El TC prevé pronunciarse sobre la ley de amnistía en un año y prioriza el recurso del Supremo

Según fuentes de la corte de garantías, el Pleno del TC, conformado desde hoy por 12 magistrados tras la toma de posesión del exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías, propuesto por el Grupo Parlamentario del PP, priorizará la resolución primero de la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo sobre el delito de desórdenes públicos agravados.

En cualquier caso, el TC comenzará desde la próxima semana a estudiar el perdón al 'procés'. Su pleno se reunirá para decidir si admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad del alto tribunal. En su escrito, la Sala de lo Penal, la que juzgó a los líderes independentistas catalanes y se ha opuesto a amnistiar el delito de malversación, se dirigió a la corte al considerar que el artículo 1 de la ley vulnera el derecho constitucional a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional.

El Supremo decidió acudir al TC tras estudiar el caso de dos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Girona tras la sentencia que condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros cabecillas del 'procés' por un delito de sedición y otro de malversación de caudales públicos.

Las fuentes consultadas señalan que el Constitucional admitirá a trámite la pregunta formulada por el Supremo, que tendrá prioridad en la corte de garantías, de modo que marcará el camino para la resolución de los posteriores recursos de inconstitucionalidad y amparo, entre ellos el presentado este jueves por el Partido Popular, cuya ponencia precisamente ha recaído en Macías.

En este sentido, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó este viernes de "pantomima" y "el último acto del teatro del Partido Popular" aprovechar la apertura del curso judicial para presentar su impugnación, cuando admiten que "la normalización de la convivencia en Cataluña es un hecho".

También se esperan las apelaciones de la mayoría de comunidades autónomas donde gobiernan los populares o el del ejecutivo de Castilla-La Mancha, bajo la presidencia del socialista Emiliano García-Page, muy crítico con la amnistía. El PP, además, ha pedido la recusación de tres magistrados alegando que la corte debe ser «imparcial» e «independiente» a la hora de analizar esta norma. Los afectados son el presidente Cándido Conde-Pumpido y los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez: la ex directora general de Moncloa Laura Díez y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que ya ha anunciado que se abstiene en la cuestión del Supremo.

Campo ya presentó su abstención el año pasado para un recurso de amparo presentado por un particular contra la admisión a trámite del borrador de la amnistía por parte de la Mesa del Congreso. El exministro alegó entonces que se apartaba para salvaguardar la «imparcialidad» del TC, después de que en los informes sobre los indultos a los condenados por el 'procés' que firmó cuando era titular de Justicia plasmaron que la amnistía le parecía «inconstitucional».

En la toma de posesión de Macías, cuya entrada en el TC refuerza a la minoría del bloque conservador (en la actualidad es siete contra cinco favorable a los progresistas), Conde-Pumpido ha reivindicado la independencia de la corte de garantías, así como la "legitimidad democrática" de los nombramientos de sus magistrados, al tiempo que ha reclamado "el máximo respeto político e institucional a sus decisiones y a su independencia".

Según el magistrado, los integrantes del TC cuentan con las herramientas necesarias para imponer su "imparcialidad lejos de sesgos: los argumentos jurídicos, nada más y nada menos" y ha valorado que un buen jurista es aquel que tiene la capacidad para idear y manejar los argumentos jurídicos con habilidad. "Y para ello, el poder se ha de someter a la razón y no la razón al poder", indicó.