«Nos echan, pero no nos vamos». Las ya exministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero escalaron este martes un punto más el pulso que mantienen contra Sumar y por extensión contra el PSOE al focalizar sus ataques en Pedro Sánchez, al que ... culparon directamente de haberlas expulsado del Gobierno. La novedad esta vez no fue el mensaje, sino su rotundidad y el lugar elegido para proclamarlo. No lo hicieron en declaraciones a los periodistas o en una carta a la militancia, como hasta ahora, sino en pleno traspaso de sus carteras ministeriales, celebrados en un inédito clima de tensión. Pero sobre todo, ambas apuntalaron la amenaza de que los cinco diputados morados que forman parte aún del grupo parlamentario de Sumar tienen el poder para condicionar la aprobación de cualquier ley de la legislatura de este Ejecutivo ya maniatado por los secesionistas.
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En el caso de la secretaria general de Podemos –que cedió Derechos Sociales a Pablo Bustinduy, exmiembro de la ejecutiva de su partido y cercano al errejonismo, y las competencias de Infancia y Juventud a Sira Rego, portavoz de Izquierda Unida– lo hizo con Yolanda Díaz presente en el escenario del salón Ernest Lluch de la sede del ministerio. La líder de Sumar la recibió con un beso, pero evitó aplaudir cualquier tipo de crítica al Gobierno, a su organización o al PSOE, y tampoco se sumó a la ovación que arrancó Belarra cuando recordó que Podemos se opuso, por ejemplo, al envío de armamento al frente ucraniano en los primeros compases de la invasión rusa. «Hoy es un día difícil para mí. Sánchez y el PSOE consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del Gobierno. Esto no es solo injusto, sino que es un enorme error político», zanjó.
Casi cuatro años antes, sobre esas mismas tablas, Pablo Iglesias había recibido esa cartera de Derechos Sociales escenificando la llegada al Gobierno de Podemos, la cumbre política en la breve historia del partido. Este martes, en cambio, la imagen de Belarra entregando el último ministerio que quedaba en manos moradas –Montero había traspasado Igualdad a la socialista Ana Redondo una hora antes– fue la de la claudicación de la otrora formación hegemónica en su espacio. Durante este periodo de tiempo, la líder gallega ha pasado de ser ungida sucesora por el propio Iglesias a ser acusada de «colaboradora necesaria» del PSOE para evacuar a los morados del Ejecutivo de coalición.
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Aunque los hechos avalan la sensación de afrenta que sienten Belarra y los suyos –IU o los comunes, con los mismos diputados que Podemos, y Más País, con dos, sí atesoran un ministerio cada uno–, el divorcio total con Sumar no se termina de consumar. La dirección morada descarta pasarse al Grupo Mixto, lo que supondría una merma en la financiación que reciben ahora sus representantes integrados en Sumar. Sin embargo, la hoja de ruta que las bases del partido aprobaron hace dos semanas específica claramente la defensa de su «autonomía parlamentaria»; es decir, no someterse a la disciplina de voto de Díaz. O lo que es o mismo, «frenar la operación para sustituir a Podemos» con la que señalan a la plataforma de la vicepresidenta.
Los morados, que insisten en que la inclusión de Junts o el PNV en el bloque que ha respaldado la investidura implica un «giro a la derecha», pueden incluso abrir una nueva vía de presión formando una entente parlamentaria con Esquerra –que mantiene diferencias notorias con Díaz– y EH Bildu, como ya exploró el propio Iglesias en la pasada legislatura en políticas como la ley de vivienda, cuando se jactaba de haber armado «un martillo» contra las «reticencias» del PSOE a «los avances sociales». Esta alianza tendría la capacidad de poner contra las cuerdas al Gobierno, con un respaldo de 18 diputados.
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En el PSOE aseguran que, de momento, no les preocupa demasiado esta amenaza. «Inquietud no hay, más bien incomodidad», afirma un miembro de la ejecutiva. Es cierto, sin embargo, que reconocen que la posibilidad de que Belarra busque en determinadas materias la complicidad de estos partidos añade complejidad a la acción de Gobierno. Pero dan por sentado que la producción de leyes no podrá ser en este mandato tan abundante como en el anterior porque ni hay mayoría progresista en la Cámara ni se cuenta con una alternativa como la que ofrecía Ciudadanos, que ayudó a salvar las prórrogas de los estados de alarma o la reforma laboral.
Ahora, como bien ejemplificó el presidente del PNV el día en el que suscribió el pacto para la investidura de Sánchez, el Ejecutivo necesita a todos sus socios «todo el tiempo» y la tarea se presenta ímproba. «Lo que más nos preocupa –resumen las fuentes socialistas– no es que haya que dialogar con más o menos fuerzas. El año que viene hay citas electorales importantes, y la izquierda no puede permitirse el error de presentarse con varias marcas».
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