Bolaños esgrime la fortaleza del Estado de derecho frente a los reacios a la amnistía

Con su habitual tono pausado, Bolaños argumentó que su paso por el Gobierno le ha permitido «perfeccionar» el valor democrático del «diálogo». Como ministro de la Presidencia, le correspondía ya engrasar las relaciones dentro del Ejecutivo; como ministro de Relaciones con las Cortes, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y como ministro de Justicia, tendrá que llevar ahora las relaciones con el Poder Judicial.

«Seguro que tendremos, ya los hemos tenido -dijo- debates intensos, pero sepamos que lo hacemos con unas instituciones fuertes, con un Estado social y de derecho fuerte y con un Gobierno responsable y serio que actúa siempre conforme a la Constitución».

En la intervención de Bolaños -que coincidió, por un lado, con la decisión del Tribunal Supremo de suspender el ascenso de su antecesora Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal y, por otro, con la petición del juez Manuel García-Castellón al alto tribunal para que investigue por terrorismo a Carles Puigdemont-no hubo alusiones directas a la amnistía pactada con los independentistas a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y tildada de inconstitucional por el propio PSOE hasta el 23 de julio. Sin embargo, esta permeó implícitamente su discurso.

«Asumo el cargo en una legislatura que vendrá marcada por la búsqueda de la convivencia democrática sobre todo en territorios -alegó- donde hubo una fractura más acusada y eso también es cumplir uno de los mandatos de la Constitución».

El Gobierno se aferra a que ya los indultos a los líderes independentistas condenados en octubre de 2019 por el 'procés' generaron muchos resquemores, incluso entre personas de sensibilidad progresista, pero a la larga se demostraron «útiles» y se dispone a seguir adelante pese al enorme rechazo social expresado en protestas y manifestaciones multitudinarias confiado en que el ruido pasará. «Voy a trabajar con todos ustedes para conseguirlo», insistió el ministro.

Ese no es, en todo caso, su único reto. Él mismo señaló otro no menos complejo: la renovación, igualmente «obligada» por la Carta Magna, del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace cinco años. Sus negociaciones, la pasada legislatura, con el popular Esteban González Pons estuvieron a punto de culminar en pacto, pero fue otra cesión al independentismo que él pilotó en secreto, la reforma del Código Penal para derogar la sedición, lo que llevó a Alberto Núñez Feijóo a dar por rota hasta la fecha las conversaciones.