Los fiscales se rebelan y rechazan librar a Puigdemont de la acusación de terrorismo

La junta, con 12 votos a favor y tan solo tres en contra, se negó a avalar primero el informe del ponente, Álvaro Redondo, quien, después de rectificarse a sí mismo en tan solo 72 horas, concluía que los hechos investigados no fueron constitutivos de terrorismo. En una segunda votación, esta vez con 11 votos a favor y cuatro en contra, los fiscales del alto tribunal zanjaron que las pruebas contra Puigdemont y el otro aforado en la causa –el parlamentario de ERC Ruben Wagensberg– resultan lo suficientemente sólidas como para seguir investigando su papel en Tsunami, lo que correspondería ya al Supremo.

La mayoría de la junta, tras una de las «reuniones más tensas de los últimos años», en palabras de uno de los participantes, defendió, aunque finalmente no se acordó, que habría que redactar una nueva ponencia después de tumbar el texto que había elaborado Redondo y que exculpaba al líder de Junts de los delitos atribuidos. Los fiscales contrarios al controvertido texto alegaron que la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena es competente para hacerse cargo de la instrucción de esta causa –tal y como había pedido el instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón– porque los indicios apuntan a que Puigdemont, aforado por su condición de eurodiputado, tuvo un papel destacado en la dinamización de Tsunami. Y que, por tanto, es cuanto menos precipitado enviar este sumario a los juzgados ordinarios de Barcelona sin aclarar el papel real del Prófudo de Waterloo en las algaradas que sacudieron Cataluña hace cuatro años.

Según informó la Fiscalía General en un comunicado, al final, dadas «las discrepancias entre los dos fiscales jefes de la Junta (Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa) y conforme al criterio de los cuatro fiscales jefe de lo Penal, ambos elevaron estas discrepancias a su superior jerárquica» –Sánchez Conde– «que será quien resuelva». La teniente fiscal del Supremo, que es también la número dos de la carrera, fue nombrada para su cargo por la exfiscal general del Estado y exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, tras una larga carrera en el Constitucional, en    el que ascendió aupada por Cándido Conde Pumpido, en aquellos años máximo responsable del Ministerio Público y hoy magistrado del TC.

La paradoja de todo este asunto es que fue el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el que encomendó –ante la sorpresa de muchos fiscales– a la junta del Supremo decidir sobre la acusación o no contra Puigdemont, cuando podía haber optado, dado que la Fiscalía es un órgano jerárquico, por asignar desde el principio esta tarea directamente a Sánchez Conde, como máxima autoridad de la acusación pública en el alto tribunal.

En el escrito rechazado este martes en una decisión inédita, Redondo –tras dar un giro radical al borrador que había confeccionado y reunirse con el fiscal general– descartaba de plano que el Supremo se hiciera cargo de la investigación porque los indicios manejados por García Castellón para imputar a Puigdemont son «demasiado abiertos».

Según fuentes de la reunión, desde el inicio varios de los fiscales mostraron su rechazo frontal a estampar su firma en ese texto exculpatorio. Esa facción contraria a reducir a simples «desórdenes agravados» los altercados de otoño de 2019 estuvo liderada, entre otros, por tres de los cuatro fiscales que participaron en el juicio del 'procés': el citado Cadena, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal. Esta mayoría lo tuvo fácil. El propio Redondo defendió con «poco énfasis» y «nula pasión» su informe, que recibió una cascada de críticas, tanto técnicas como también «de fondo».