El Gobierno recuerda que la posición de los fiscales del Supremo sobre el terrorismo de Puigdemont no es la «definitiva»

La portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, dejó constancia de esta posición poco después de trascender el pronunciamiento defendido por once fiscales del alto tribunal frente a cuatro, al recordar, en su habitual comparecencia de los martes en la Moncloa, que la tomada este martes no es la «decisión definitiva» y que también tendrán que pronunciarse «los órganos que establezcan los estatutos orgánicos del Ministerio Fiscal». En concreto, a quien ahora corresponde fijar criterio es a la teniente fiscal, la progresista María Ángeles Sánchez Conde, pero la última palabra la tiene el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se mostró muy cauto y defendió, en los pasillos del Senado, que el pronunciamiento de la junta de fiscales forma parte de la «normalidad institucional y democrática». Sin embargo, en el en el núcleo duro del Gobierno subrayaban este martes que la Fiscalía es un «órgano jerárquico». Del aviso se desprende su confianza en que García Ortiz acabe imponiendo su criterio, en consonancia con lo que desde hace días vienen defendiendo tanto Bolaños como el propio jefe del Ejecutivo, que el lunes volvió a negar que existiera terrorismo en el 'procés'.

En el Gobierno existe un claro malestar por lo que se considera un intento obvio del sector conservador del poder judicial de torpedear la ley de la que, en la práctica, depende la estabilidad de la legislatura. Los pasos dados por jueces como García-Castellón o Joaquín Aguirre, que instruye en el Juzgado número 1 de Barcelona la llamada 'trama rusa' ya han tenido un efecto evidente en los planteamientos de Junts y explican su decisión de paralizar la tramitación de la ley y forzar su regreso a la comisión de justicia.

El Ejecutivo insiste en que incluir en la amnistía delitos como el de terrorismo o traición al Estado chocaría tanto con la Constitución como con el derecho europeo y buscan otras fórmulas que no impliquen modificar el texto ya pactado, como la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fuentes gubernamentales admiten que ese cambio, que perseguiría acortar el plazo durante el que los jueces pueden mantener abierta una instrucción, es «complejo» y entra en contradicción con la reforma de la ley procesal realizada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en 2020 para, precisamente, revertir una modificación como la que ahora se ha puesto sobre la mesa impulsada por el PP en 2015 y criticada por el PSOE como estratagema para dificultar la acción de la justicia en sus casos de corrupción.

Tampoco hay en el Gobierno excesivo optimismo respecto a que la propuesta vaya a ser suficiente para Junts. Su portavoz parlmentaria, Miriam Nogueras, advirtió este martes en el Congreso que son las enmiendas «las que cubren todos los supuestos».

El resto de socios también plantean dudas sobre la reforma de la Lecrim. La diputada de ERCTeresa Jordá instó a aprobar «cuanto antes» la amnistía, aunque no sea «perfecta», y pidió a Junts y al PSOE que no se entretengan con otras leyes o modificaciones porque «son procesos diferentes». Podemos, por su parte, se alejó de un posible apoyo esta reforma. Su líder, Ione Belarra, considera que «los plazos de instrucción judiciales no son el problema, sino los jueces del bloque reaccionario». YSumar mantiene distancias con esta solución ya que, defienden, «se debe conciliar que las instrucciones no se alarguen eternamente con que los jueces tengan el tiempo suficiente para hacer su trabajo».