Ábalos desafía a Sánchez en un momento crítico tras su ultimátum por el 'caso Koldo'

La negativa del exministro a obedecer un acuerdo adoptado «con unanimidad», según aseguró la portavoz, Esther Peña, por la dirección del PSOE no solo puede conllevarle su paso al Grupo Mixto. El artículo 41 del reglamento en vigor para la militancia socialista considera una falta muy grave, sancionable con la expulsión del partido, ese tipo de conducta. Ábalos lo sabe y aún así ha optado por un enroque que erosiona la autoridad de su líder en un momento muy delicado.

El escándalo del supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de Koldo García Izaguirre, asistente de Ábalos en el partido y el ministerio, por contratos de compra de mascarillas durante la pandemia se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el Gobierno. Se trata de un asunto que hace tambalear los principios fundacionales de un Gobierno que llegó galopando a lomos del independentismo pero agitando el látigo contra la corrupción del PP (así se explicó la moción de censura contra Mariano Rajoy). Un terremoto con las elecciones vascas y europeas a la vuelta de la esquina, la derrota en los comicios gallegos aún fresca y la ley de amnistía, de la que depende el futuro de la legislatura, atascada en el Congreso por las diferencias con Junts.

A Sánchez le costó dos días darse cuenta de que, imputado o no, señalado en la querella de Anticorrupción o ajeno a ella, debía sacrificar al exministro por haber puesto al lobo a cuidar del rebaño; por haber dado a su chófer y escolta, una persona de cuyo comportamiento poco edificante fue advertido, según ha reconocido él mismo, las responsabilidades que le permitieron presuntamente delinquir. El viernes el presidente lanzó su primer aviso a través de su número dos, María Jesús Montero, con su contundente e inequívoco «yo sé lo que yo haría», pero no sirvió de nada. Y hasta hoy.

En la dirección del PSOE hay voces que admiten no sentirse del todo cómodas con el acuerdo adoptado este lunes. «A nadie nos hubiera gustado tener que llegar hasta aquí; tendría que haberlo dejado antes», se lamenta una de ellas. Eso, que lo dejara antes, es lo que, a lo largo de todo el fin de semana y en distintas conversaciones, se intentó desde la cúpula del partido, según explicaron en la ejecutiva «con detalle» Montero y el secretario de Organización, Santos Cerdán (el primero en conocer a García –ambos fueron concejales en Navarra– y el que lo introdujo en Ferraz).

Ábalos ha defendido desde el primer momento que no hay ninguna razón que justifique que tenga que dejar de ser diputado porque ni estaba al corriente de los chanchullos de su asistente, ni se han detectado irregularidades en el proceso de contratación con la empresa que supuestamente pagó mordidas a García, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., ni se pagó por las mascarillas un coste más elevado del que desembolsaron otras administraciones, al contrario. Insiste en que se le ha investigado y no se ha encontrado nada en su contra. Aunque el sábado, en la Sexta, aseguró que si esta situación se estuviera dando con él como ministro no habría dudado en dimitir y tanto en conversación con este periódico como en la cadena televisiva dio a entender que se abría a llegar a un acuerdo con la dirección socialista si esta consideraba que su renuncia era lo más conveniente. «Si el problema soy yo, no soy problema», llegó a decir.

El acuerdo, en todo caso, no llegó en el fin de semana, a tenor del ultimátum de este lunes. La portavoz de la ejecutiva no se mostró precisamente cálida con el que fuera su secretario de Organización hasta julio de 2021, cuando fue destituido por Sánchez de todos sus cargos sin más argumento oficial que la necesidad de refrescar su equipo después del desgaste de la pandemia. «No tengo ninguna duda de que actuará en consecuencia por este bien mayor que es el Partido Socialista Obrero Español y, además. porque creo que en este caso la apariencia –dijo Peña tras admitir que sobre Ábalos no pesa imputación ni señalamiento– también nos viene bien».

El PSOE es consciente aun así de que la tormenta política no acabará con la marcha de su exministro, al que, de dejar el acta, debería sustituir, paradójicamente, Ana María Gónzalo Herdaro, condenada en 2021 por conducir ebria. Este lunes, la ejecutiva acordó también tomar la iniciativa con una comisión de investigación para marcar distancias con el PP y, también, para poner en el punto de mira a administraciones populares con casos relacionados con la compra de mascarillas.