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El escándalo de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, y la compra fraudulenta de mascarillas durante la pandemia de covid-19 ha provocado un 'efecto dominó' en las instituciones afectadas que amenaza con marcar la agenda de las próximas semanas en la ... política española. El socialista Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad –uno de los departamentos a los que pertenecen dos empresas cuyos mecanismos de contratación ha puesto en entredicho el 'caso 'Koldo'– anunció ayer una auditoría interna para determinar los detalles de la compra de este material sanitario durante 2020.
El exalcalde de Valladolid pretende que se conozcan los detalles que rodearon esas contrataciones con fondos públicos. Puertos del Estado y Adif fueron utilizadas como vehículos para el pedido centralizado de este material, escaso en el momento del confinamiento, por parte de la Administración central.
La investigación también ha arrojado dudas acerca de los contratos de compraventa de material sanitario durante la pandemia que afectan a administraciones gobernadas en su día por socialistas como Víctor Ángel Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente canario, o Francina Armengol, ahora al frente del Congreso y ex máxima responsable del Ejecutivo balear.
El Gobierno insular que preside actualmente la popular Marga Prohens ha optado ahora por mover ficha: se personará en el procedimiento penal abierto tras analizar toda la documentación y detectar que hay «elementos suficientes» para reclamar no solo los 2,6 millones de sobrecoste que constan en el expediente abierto, ino el importe total del polémico contrato, que asciende 3,7.
El vuelo que en los últimos días ha ido cogiendo la polémica, además, hizo que ayer Ciudadanos llevase hasta la Fiscalía Europea el caso. En concreto, el partido liberal pide investigar si existe fraude en el uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con la compra de mascarillas durante la pandemia. «Sería un escándalo de gran magnitud que fondos estructurales terminaran financiando presuntas actividades ilícitas vinculadas a una organización criminal, liderada por un asesor del Gobierno».
La eurodiputada de Cs y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, Eva Poptcheva, denunció que lo ocurrido «es un auténtico escándalo y otro golpe más a la credibilidad de las instituciones». La presión al Ejecutivo es total, incluso por parte de sus socios. ERC aprovechó ayer para recalcar que «sería un buen momento» para que Salvador Illa, líder del PSC y exministro de Sanidad, dé explicaciones por su presunta implicación en el caso cuando ambas formaciones tienen previsto dar su visto bueno a los Presupuestos de la Generalitat en los próximos días–.
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