El 'caso Koldo' reaviva las sospechas sobre la compra de material durante la pandemia

El Ministerio Público continúa cuatro años después investigando entre los más de 25.000 expedientes de urgencia que las diferentes administraciones públicas autorizaron a dedo y sin supervisión para la compra de mascarillas, equipos de protección para el personal sanitario o tests de antígenos. Todas estas adquisiciones supusieron un desembolso de hasta 6.500 millones de dinero público que además se invirtió en una competencia mediante subastas a cara de perro entre cada una de los municipios, comunidades autónomas e, incluso, del Gobierno central. Lo esencial era traer el material, costase lo que costase.

En medio de este caos estaría la supuesta red corrupta en la que habría participado el exasesor de José Luis Ábalos, quien en 2020 además de ministro de Fomento y Transportes ejercía como número tres del PSOE en su calidad de secretario de Organización y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, escaparate visible de la trama de Koldo García, obtuvo 53 millones en contratos de mascarillas mediante un supuesto sistema de sobornos que tendría su centro de operaciones dentro del propio Ministerio de Transportes.

Antes del 'caso Koldo' estalló el de Luis Medina, hermano del duque de Feria, y Alberto Luceño. Ambos están inmersos en un proceso judicial que, según las peticiones de la Fiscalía, podrían acarrearles nueve y quince años de prisión, respectivamente. Están acusados de embolsarse más de 5 millones de euros a modo de comisión y vender el material médico con un precio abusivo. «La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la situación de extrema necesidad de material sanitario en los primeros días tras decretarse la crisis sanitaria por la covid», afirma tajante la Fiscalía en su acusación.

Si el 'caso Koldo' ha golpeado de lleno dentro del Gobierno central y del PSOE, el de Medina y Luceño lo hizo también en el Ayuntamiento de Madrid, que contrató los servicios de los dos intermediarios gracias a contactos personales en el consistorio de la capital. Entonces el alcalde José Luis Martínez Almeida criticó que desde la izquierda se «criminalizase» a responsables del Ayuntamiento madrileño «que solo buscaban proveer de mascarillas a los funcionarios públicos. En el 'caso Koldo', sin embargo, Almeida considera que «existe una trama corrupta en el corazón del PSOE». «Koldo, para Pedro Sánchez, era un ejemplo para la militancia», añade.

El caso que hasta ahora ha tenido mayor repercusión política, sin consecuencias legales, ha sido el de Tomas Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña y principal baronesa del Partido Popular. Ganó más de 230.000 euros por mediar para que la Consejería de Madrid adquiriese 250.000 mascarillas. La Fiscalía descartó «la existencia de conductas penalmente relevantes» pero la tormenta política no se quedó ahí.

Isabel Díaz Ayuso y su equipo contraatacaron y denunciaron por relación con comisiones ilegales a Pedro Sánchez, Nadia Calviño o al ex ministro de Sanidad Salvador Illa. Todas las querellas fueron archivadas pero las pesquisas llevaron a los investigadores a tirar de un hilo suelto: el de Koldo García y su red para lucrarse a cuenta de las compras de material que se realizaron a cuenta del presupuesto del ministerio que dirigía Ábalos.

La Fiscalía persevera en encontrar más estafas a cuenta del dinero público pero su tiempo se agota y teme que ante la magnitud de contratos a revisar algunos delitos, de haberse producido, podrían estar ya prescritos cuando se llegue a detectarlos, por lo que sus responsables quedarían impunes.