¿Quién es quién en el 'caso Koldo'?

El asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, su mujer y su hermano, un presidente de un club de fútbol, un subteniente de la Guardia Civil y dos empresarios, uno de ellos procesado por una trama de comisiones en la venta de material de defensa a Angola.

Los siete protagonistas del llamado 'caso Koldo' están investigados por formar parte de una presunta «organización criminal» que se concertó para lucrarse con nueve contratos públicos de compra de mascarillas, valorados en cerca de 54 millones, en el peor momento de la pandemia del coronavirus.

El juez instructor Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, y la Fiscalía Anticorrupción señalan penalmente a estas siete personas, pero políticamente el foco también alumbra a varias administraciones que adjudicaron estos contratos: el Ministerio de Transportes y sus organismos dependientes, Puertos del Estado y ADIF; la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias bajo las presidencias de dirigentes socialistas, en concreto sus consejerías de Sanidad y los servicios de salud.

Es la cara más conocida del caso. Ostentó cargos de asesor del exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes (2018-2021), fue consejero de RENFE y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado en el mismo periodo. Los investigadores le sitúan como la persona que facilitó a la empresa adjudicataria bajo sospecha, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, información sobre los procesos de contratación -de urgencia y sin concurso- de material sanitario en marzo y abril de 2020, en pleno estallido de la pandemia. A cambio de su gestión recibió pagos en metálico sin justificar. Un dinero que, sumado a su patrimonio, le llevó a invertir 1,5 millones en la compra de propiedades en los cinco meses posteriores al primer contrato, una de ellas un bien inmueble a nombre de su hija de dos años. Trató de ocultar a través de su familia los fondos obtenidos con las comisiones. La Fiscalía menciona en su querella reuniones entre él y altos cargos de Transportes de entonces, como el subsecretario Jesús Manuel Gómez o el director general de Emfesa (enajenación de material ferroviario) Vicente Calzado.

De la mano de Koldo García y como cabeza visible de la rama empresarial del caso está Víctor Gonzalo de Aldama. Los investigadores sitúan al actual presidente del Zamora Club de Fútbol (compite en la cuarta categoría) como «comisionista» de la red. Creen que el acceso a los contratos investigados fueron un «proyecto conjunto» entre él y el empresario Juan Carlos Cueto, dueño del conglomerado Grupo Cueto, por el que habría obtenido un benefició de 5,5 millones de euros, cerca del 10% del total del valor de las adjudicaciones. De Aldama habría contactado «al menos en una ocasión» con el entonces asesor de Ábalos para «agilizar trámites» con el ministerio.

Empleado en el Ministerio de Transportes gracias a la mediación de su hermano Koldo con Vicente Calzado (Emfesa), según recoge la querella, habría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles adquiridos con las comisiones. También habría experimentado un notable aumento de patrimonio en los dos años en los que se ejecutan las contrataciones de material sanitario: ingresó 267.774 euros en operaciones en efectivo entre 2020 y 2022. Pero Joseba no solo aparece vinculado a su hermano, ya que habría adquirido un vehículo a la sociedad MTM 180 Capital, titular de Vicente de Aldama.

La mujer de Koldo García y excargo del Partido Socialista de Navarra -tras conocerse los hechos fue suspendida de militancia- es la titular de gran parte de los bienes adquiridos por la familia gracias al incremento patrimonial entre 2017 y 2022, superior a los 1,4 millones. Los años con mayores ingresos coinciden con aquellos donde entró más efectivo a sus cuentas. Según los investigadores, a 138.062 euros «no se le ha encontrado justificación alguna». Le sitúan en el centro de la trama por su conocimiento de los hechos investigados.

Subteniente de la Guardia Civil en activo destinado en el Ministerio de Transportes, en concreto en el departamento de seguridad, habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y 2023 en el restaurante La Chalana de Madrid y es uno de los querellados por la Fiscalía. Hay «indicios» de «su conocimiento y posible participación» en los hechos y, según el juez, es también una «pieza clave en la gestión de los contratos investigados». Aparece como empleado de una empresa del Grupo Cueto, utiliza un vehículo de esta empresa y la Fiscalía le sitúa en una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca de Barco de Valdeorras (Ourense) con las «plusvalías» que obtuvo presuntamente Soluciones de Gestión con las adjudicaciones.

El máximo responsable (en la sombra) del conglomerado empresarial Grupo Cueto habría obtenido 9,6 millones de beneficio con los contratos públicos, según la investigación. Se le vincula con Víctor de Aldama, otro de los grandes beneficiados en la venta de mascarillas a las administraciones implicadas. Se habrían servido de Soluciones de Gestión como «empresa instrumental». En la actualidad, está procesado por otra causa en la Audiencia Nacional relativa al 'caso Defex', la venta de material policial a terceros países. Le piden cerca de 55 años de prisión por comisionar 93 millones a través de la mercantil Comercial Cueto 92, dentro de una UTE con la empresa pública Defex, en un contrato de 153 millones de junio de 2008 con el gobierno de Angola. De estos 93 millones unos 70 acabaron desviados a una telaraña tejida desde Suiza por Beatriz Paesa, sobrina de Francisco Paesa, el mítico espía que engañó a ETA y vendió a Luis Roldán; y 41 afloraron en una cuenta del empresario en Luxemburgo. Un destino que también aparece reflejado en el posible blanqueo de capitales del 'caso Koldo'.

Este empresario vasco aparece como el titular de Soluciones de Gestión, aunque los investigadores creen que el verdadero responsable en la sombra era Juan Carlos Cueto. La mercantil bajo sospecha radicada en Zaragoza, después de un periodo de inactividad, disparó sus ingresos de cero euros en 2019 hasta los 54 millones en 2020, aunque después cayeron a los 845.670 euros en 2021.

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