Los charcos de Armengol y la lupa de la oposición

Armengol habló de «proceso de toma de decisiones» en la «cuestión territorial» que, en sus propias palabras, «integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones».

Una alusión que no fue bien recibida en las filas de la oposición, que la interpretó como una insinuación de que la Constitución podría permitir un referéndum de autodeterminación. Los populares acusaron a la presidencia de convertir el Congreso en una «sucursal del PSOE» y de ponerse a la cabeza de quienes «han planteado una enmienda a la totalidad» a la Constitución, «en forma de amnistía que va camino de convertirse en la primera ley del Gobierno en la legislatura».

Armengol, cuya alocución de la semana pasada con motivo de la puesta de largo oficial de las Cortes ya fue calificada por el PP y Vox de «partidista» y «sectaria», volvió a ser objeto de críticas tras meterse en otro charco. «No hay precedentes de que un presidente del Congreso utilice actos institucionales, como la apertura solemne de una legislatura o la celebración del Día de la Constitución, para trasladar mensajes en línea de lo que defiende Sánchez para continuar en Moncloa, que pasa por dar privilegios a formaciones rupturistas y enemigas de la Carta Magna», reprobaron desde el PP.

Fuentes del equipo de Armengol tuvieron que matizar después que el discurso de la presidenta hablaba de reforzar el estado autonómico. «Acercar, por tanto, a los ciudadanos la toma de decisiones quiere decir que el Gobierno autonómico está más cerca del ciudadano», zanjaron.

En un discurso salpicado de referencias a la diversidad y pluralidad sobre la Constitución como «garante de la riqueza» y el «salvoconducto ante cualquier planteamiento de uniformidad», Armengol también utilizó su discurso para lanzar una advertencia velada a PP y Vox, que en las últimas semanas se han erigido como los únicos partidos constitucionalistas tras los pactos del PSOE con formaciones independentistas que posibilitaron a Pedro Sánchez reeditar el Gobierno de coalición.

«Ser constitucionalista no consiste en levantar la Carta Magna como si de un tótem se tratara, sino en asumir que podemos llegar a acuerdos para cumplirla y desarrollarla». E insistió en que la Ley Fundamental «es un proyecto vivo, de futuro, que se va construyendo cada día» y en el que hace falta «seguir esforzándonos para reflejarnos en ella», remató.

A título personal, según dijo ella misma, Armengol defendió la «urgente reforma de un artículo concreto» -el artículo 49- para que en la Constitución las personas con discapacidad sean tratadas como corresponde y desaparezca de una vez, por peyorativo, el término «disminuido». La presidenta dijo que le parece «legítimo» plantear que la Carta Magna no se someta a ninguna revisión para, por ejemplo, hacer del Senado definitivamente «una verdadera cámara de representación territorial o responder a las exigencias del siglo XXI». Pero «lo que no está de ninguna manera en discusión es nuestra total obligación de cumplirla», aseveró.