Sánchez obvia su «muro» contra Feijóo y le insta a hablar del CGPJ antes de fin de año

La convocatoria pone al líder de los populares en una tesitura incómoda. Sánchez pretende demostrar que, pese a las acusaciones de la oposición, tiene sentido de Estado y no se ha atrincherado en una esquina del tablero político con partidos radicales. Pero la amnistía a los encausados del 'procés', con la que compró el apoyo de los secesionistas catalanes a su investidura, ha terminado de dañar unos puentes ya enormemente resquebrajados y dificulta cualquier entendimiento.

A su llegada al Congreso para conmemorar los 45 años de vigencia de la Carta Magna, Feijóo llegó a acusar ayer al jefe del Ejecutivo de avanzar hacia la «derogación» de la Constitución de la mano de los partidos independentistas. Fuentes populares aseguran, no obstante, que si Sánchez lo llama, acudirá. «Nosotros –dicen– no hacemos 'ghosting'».

De los tres asuntos a los que se refirió el presidente, la reforma constitucional del artículo 49 es, hoy por hoy, la más factible. La de la financiación autonómica plantea problemas, al margen de los partidos, entre los distintos territorios. Pero es con el relevo en el CGPJ con lo que los socialistas aspiran a debilitar el discurso por el que el PP se erige en el gran defensor de los principios constitucionales.

Después de que el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, subrayara el lunes que es «urgente» acometer la renovación del órgano de gobierno de los jueces antes de la reforma del sistema de elección que él mismo lleva años reclamando a España, el Ejecutivo se siente reforzado. «Se han acabado las excusas», dijo ayer Sánchez. «Si uno quiere demostrar devoción por la Constitución lo que debe hacer es tener un CGPJ legitimado por las Cortes».

De momento no parece, sin embargo, que las palabras de Reynders hayan hecho mella en el PP. Los populares condicionan un eventual acuerdo a que, como recomienda Bruselas, y ocurría antes de 1985, en el futuro sean los propios jueces los que elijan directamente a los doce vocales de extracción judicial que debe tener el Consejo. El Congreso y el Senado se limitarían así a designar a los otros ocho de entre juristas de reconocido prestigio. «Nuestro proyecto es garantizar la independencia del poder judicial, el del Gobierno controlarlo», insistió Feijóo.

El Ejecutivo descarta limitar las competencias de las Cortes y recuerda que los populares nunca pusieron en marcha esa modificación, pese a gobernar por mayoría absoluta y llevarla en su programa electoral en 2011. Fuentes gubernamentales aseguran, no obstante, que están dispuestos a dar otros pasos en pro de la independencia judicial y a retomar las conversaciones con el PP en el punto en el que quedaron hace un año. Entonces, el hoy ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el secretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, llegaron a pactar la nueva composición del CGPJ y avanzaron en una reforma de la ley para evitar «puertas giratorias» entre la política y la justicia a fin de impedir casos como el de Dolores Delgado, convertida en fiscal general del Estado tras cesar como ministra de Justicia. Todo saltó por los aires cuando trascendió que el PSOE iba a presentar de manera inminente la reforma del Código Penal pactada con ERC para derogar la sedición y rebajar las penas por malversación. El líder del PP se sintió estafado y nunca ha querido volver a negociar.

En el Ejecutivo confían, pese a todo, en poder abrir una vía de diálogo. Sobre la mesa está ahora la propuesta del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, para retirar al órgano su principal competencia, los nombramientos discrecionales, y dejar que sean los jueces o un tribunal de juristas quienes designen a los presidentes de la audiencias provinciales, los tribunales superiores y el Supremo. Eso «diluiría» a su juicio el interés de los partidos políticos. El Gobierno cree que cabe discutirla.