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Sumar y Podemos reaccionaron con su propio 'hacer de la necesidad virtud' ante la fulgurante decisión del presidente Sánchez de adelantar las generales al 23 de julio para aplicar un torniquete sobre la sangría del 28-M. Imponiendo su diseño de las listas en un ... caso y muy a regañadientes en el segundo, la plataforma de Yolanda Díaz y el partido de Ione Belarra conformaron un matrimonio de conveniencia electoral para evitar la dispersión del voto de las izquierdas que ya se había demostrado letal en los comicios municipales y autonómicos.
Ambas fuerzas enlazaron su destino político en una única plancha en las urnas al tiempo que iban sembrando los agravios de un divorcio convertido en secreto a voces en el Gobierno en funciones y en el Congreso. La ruptura se consumó el martes por la tarde con el abandono de Podemos de las filas de Sumar para integrarse –y capitalizar– el Grupo Mixto. Y aunque los morados han procurado tranquilizar a los socialistas sobre que la legislatura no está en riesgo, lo que preocupa a estos –y por extensión a los de Díaz– es lo mismo que pretendió conjurar Sánchez ante el 23-J: una disgregación de las opciones de voto a su izquierda, perdiéndose parte de ellas en el camino, ante el nuevo ciclo electoral que se abre de aquí a junio.
Este nuevo desafío, que reta al desgaste del Gobierno recién constituido por la dependencia del soberanismo catalán y vasco y que el PP afronta como un examen de esa debilidad, comprende las elecciones en Galicia, en el País Vasco y al Europarlamento. Solo estas últimas tienen fecha, el 9 de junio. Todo apunta a que las dos citas autonómicas se adelantarán, aunque por primera vez en años las especulaciones sugieren que el relevo de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, podría optar por no hacer coincidir las gallegas con las vascas precipitándolas a febrero con un doble objetivo para el PP: tratar de beneficiarse de la ola de descontento con la ley de amnistía y aprovecharse, ahora, de las disensiones entre las izquierdas.
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Nada está cerrado sobre las candidaturas y ayer Belarra quiso subrayar, en el intercambio de dardos públicos que cruzó con Díaz en el patio del Congreso vestido de gala para el Día de la Constitución, que las «direcciones autonómicas» de Podemos tendrán «autonomía» para decidir lo que crean conveniente. Pero la impresión que cundió después en los corrillos que bullían en la recepción institucional es que las posibilidades, ya complejas, de que los morados y Sumar consensúen sus listas se han visto seriamente erosionadas por la quiebra entre ambos. Quiebra tan irreparable como para que las dos partes confiesen su «alivio» por no tener que disimular más.
Ni Sánchez ni Díaz parecen temer por sus proyectos de ley señeros, empezando por su columna vertebral: los Presupuestos para 2024, que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha asumido que deberá negociar con Podemos como con el resto de socios –Junts, ERC, Bildu, PBV, BNG y CC–, con la convicción de saque de que los morados elevarán el listón sobre el programa de Sumar. A ese respirar «tranquilo», en palabras de Félix Bolaños, contribuyó la llamada de Belarra al titular de la Presidencia el mismo martes para garantizarle que ella y los cuatro diputados que la rodean no pondrán en peligro la legislatura, un mensaje que también trasladó la número tres del partido, Lilith Verstrynge, al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Sánchez solo charló, esa noche, con Díaz.
El compromiso alimenta la tesis que anida en el PSOE y en Sumar de que, en realidad, Podemos dictaría poco menos que su sentencia de muerte si aparece como aliada de las derechas. «Las personas progresistas no comprenderían» que los morados pusieran «en jaque» al Ejecutivo, avisó ayer Díaz a una Belarra que dio por «pasada la página» de la colaboración y reivindicó la utilidad por libre de su partido porque «dice lo que no dice nadie». Pero una cosa es que la sangre no llegue al río y otra es «el ruido» que la separación nada amistosa –Sumar ha anulado la elección de Belarra como presidenta de la comisión de Derechos Sociales– amplifique en torno a un Gobierno condicionado ya por la estridencia de sus pactos.
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