Servicios Sociales publica la nueva licitación de la residencia de Nájera

Varias son las novedades que incluye el anuncio de licitación en relación al pliego anterior. Por un lado, frente a los tres años de gestión, la ejecución de este contrato se limitará a 24 meses (2 años). Así, el presupuesto de la contrata recogido en el anuncio asciende hasta los 6.376.214,80 (sin incluir el IVA). El precio de salida de la anterior licitación (en el 2018) fue, para tres años de servicio, de 8.258.843,50 euros (fue adjudicado a Aralia por 6.286.904 euros, IVA incluido).

Junto al importe, el principal cambio introducido en el pliego publicado por el Ejecutivo regional es el de los criterios de valoración de las ofertas. Así, el proyecto del servicio que se ofrecerá a los mayores se podrá valorar con un máximo de 50 puntos (en el anterior pliego eran 40 los puntos de este apartado). Según recoge lo publicado, el plan de acción previsto en la residencia se valorará con hasta 25 puntos (valoración geriátrica integral, 12,5 puntos; plan de cuidados individualizados, 12,5 puntos) y el del centro de día con otros 25: 5 para la valoración integral inicial y periódica, de evolución, elaborada por el equipo técnico; 5 puntos para el programa individualizado de salud, con cuidados de prevención y de seguimiento; 5 para el programa de recuperación y mantenimiento de las capacidades psico-físicas; 5 para el programa de terapia ocupacional; y 5 para el de atención social.

El precio, que en la anterior licitación se valoró con hasta 60 puntos, tan sólo tendrá un peso del 40% en las valoración de las ofertas: hasta 25 puntos para la oferta económica más ventajosa del servicio de residencia y hasta 15 para la mejor oferta del centro de día. Además, el pliego incluye un punto novedoso: la valoración con hasta 10 puntos de las propuestas que oferten 250 horas de formación anuales o más.

Las ofertas de las empresas interesadas en asumir la gestión de la residencia y el centro de día najerinos deberán presentar sus ofertas antes de las 14 horas del próximo 3 de junio y la apertura de ofertas tendrá lugar el 15 de junio. La previsión es que la nueva adjudicataria comience a prestar su servicio en la residencia Santa María la Real de Nájera el próximo 1 de agosto, si bien los plazos se pueden demorar. En el caso de la adjudicación a Aralia, los diversos recursos contra su oferta retrasaron su entrada en el centro durante más de un año.

El pasado mes de abril Diario LA RIOJA publicó la situación que se vivía en el centro residencial de Nájera, las quejas que, disconformes con la gestión de Aralia, las familias habían trasladado a la Consejería de Servicios Sociales, y el contenido de un fallo judicial en el que el director del centro (que fue trasladado a Santo Domingo de La Calzada tras denunciar que Aralia no estaba cumpliendo el pliego de condiciones) alertaba del insuficiente número de trabajadores sanitarios para atender a los 100 usuarios (68 dependientes severos y 32 grandes dependientes) de la residencia, de la existencia de informes médicos que advertían de un déficit de proteínas totales e hipoalbuminemia en las analíticas de los residentes (también de su pérdida de peso), entre otras cuestiones. La firma negó todas las acusaciones.

Desde que asumiera la gestión de la residencia, Aralia (que habría anunciado al Ejecutivo regional su intención de no presentarse a esta nueva licitación, se ha enfrentado a dos procedimientos sancionadores. El primero de ellos, el 2 de junio del año pasado, por dos infracciones, una leve por «prestar una asistencia inadecuada a las personas usuarias, siempre que no se les causen perjuicios de carácter grave», y una grave por «desatender las necesidades básicas de atención sanitaria, así como las de higiene y limpieza que comporten riesgo grave para las personas usuarias». El segundo, cuatro meses después por una infracción grave: «prestar una asistencia inadecuada a los usuarios o la omisión de actuaciones cuando con ello se provoque un perjuicio grave». En ambos casos Aralia abonó voluntariamente la sanción impuesta por el Ejecutivo. De igual manera, Servicios Sociales también ha aplicado en 13 ocasiones las penalidades impuestas en el pliego por incumplimientos parciales del contrato. Todas esas sanciones hacen referencia a la ausencia de personal.