Trump, condenado a pagar 364 millones por fraude fiscal

«Cuando se le confrontó durante el juicio con las declaraciones de los defendidos, los hechos y los documentos financieros que habían presentado, simplemente negaron la realidad y fallaron en aceptar su responsabilidad o implementar controles internos para prevenir que vuelva a ocurrir en el futuro», escribió el juez Arthur Engoron en su sentencia de 398 páginas.

Es la madre de todas las condenas, capaz de hundir las finanzas del magnate, del que se dice que solo tiene 400 millones de dólares en efectivo, y podría verse obligado a tener que liquidar algunas de sus preciadas propiedades, como la Torre Trump de la Quinta Avenida en la que tenía su residencia antes de mudarse a Mar-A-Lago en Palm Beach Florida, donde está exento de pagar impuestos sobre sus ingresos.

El magnate ya fue condenado el 26 de enero a pagar 83,3 millones de dólares por difamar a la periodista Jeane Carroll, a la que ofendió públicamente en numerosas ocasiones después de ser condenado el año pasado a compensarla con 5,5 millones de dólares por abusar sexualmente de ella en 1995. Aunque ambos casos están en proceso de apelación, Trump ha tenido que depositar ese dinero en una cuenta del Estado para poder proceder con el caso, como ocurrirá con el actual.

Esta vez ha arrastrado a sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, en la sentencia, por estar al frente de sus negocios desde que se los transfirió para ocupar la Casa Blanca. El juez les ha encontrado culpables de inflar fraudulentamente el valor de sus propiedades para optar a préstamos ventajosos y, a la vez, devaluarlos para reducir el costo de sus pólizas de seguros.

El caso fue presentado por la fiscal general del Estado de Nueva York Letitia James, a raíz de las declaraciones que hiciera en el Congreso su exabogado Michael Cohen, que también ha declarado en este juicio. La Fiscalía ha calculado la pena basándose en los intereses que ha ganado con el dinero que se ha ahorrado al evaluar fraudulentamente sus activos, los beneficios que le han reportado dos propiedades que obtuvo con esos préstamos, también fraudulentos, y el dinero en impuestos que se ahorró pagando a altos empleados de la empresa parte de su sueldo en bonos que incluían abonarles las universidades de sus hijos, entre otras cosas.

El jefe financiero Allen Weisselberg, de 76 años, también condenado a pagar un millón de dólares, ha sido un testigo clave, tras aceptar declarar en contra de su jefe, con el que tenía una relación de máxima lealtad, a cambio de reembolsar 1,7 millones de dólares que se ahorró en impuestos y obtener una condena de cinco meses de prisión, de la que solo ha servido tres hasta ser declarado en libertad provisional.

En las últimas semanas se ha sabido que, a pesar de ello, el lugarteniente financiero de Trump cometió perjurio al decir que no sabía que el ático de Trump en la Torre de la Quinta Avenida que lleva su nombre había sido inflado con hasta tres veces su tamaño, que es de más de 1.000 m2. «Nunca le puse atención a ese apartamento. No me pareció relevante al mirar a una fortuna de cinco o seis mil millones de dólares», testificó. Weisselberg le seguía el juego al magnate, que siempre ha tratado de sobredimensionar públicamente su fortuna para fardar de éxito. Pero los correos electrónicos que intercambió con la revista 'Forbes', y cuando intentaba convencer a sus periodistas de que aquel penthouse valía mucho más de lo que pensaban, le han descubierto. El nuevo cargo podría volver a ponerlo entre rejas, pero sobre todo ha influido en el juez Engoron para retrasar su decisión hasta asegurarse de que no ha mentido en otros detalles del proceso.

Allí se ha encontrado cara a cara el magnate con su exabogado, Cohen, que tendrá que testificar de nuevo contra él en el proceso por el fraude contable que cometió para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, a comenzar el 26 de marzo.

Se considera el caso más débil de los cuatro que tiene abiertos el expresidente. Todo el mundo esperaba que el de Georgia tomase el liderazgo por ser el más claro, ya que se trata de un caso flagrante de interferencia electoral en el que la Fiscalía dispone de una grabación con la voz del entonces presidente pidiendo al secretario de Estado de Georgia que le encontrase casi 11.000 votos para ganar las elecciones en ese Estado. Sin embargo, lo que los abogados de Trump han encontrado es un punto vulnerable en la oficina de la fiscal Fani Willis, que puede costarle el caso.

Willis y uno de sus ayudantes legales, Nathan Wade, sostenían un tórrido romance que incluyó vacaciones conjuntas en cruceros al Caribe, viajes a Belice y Aruba, y excursiones por la ruta de los viñedos californianos, salpicadas de champán, caviar y bombones.

Si los abogados de los imputados en ese caso logran demostrar que el romance comenzó antes de la investigación, o que la fiscal utilizó dinero público para sus vacaciones, ella y todo su equipo serían recusados del caso, que de facto descarrilaría al menos hasta después de las elecciones de noviembre.

La audiencia de dos días sostenida por el juez Scott McAfee se ha convertido en un culebrón en directo mucho más interesante para la audiencia nacional que los farragosos detalles legales de los fraudes financieros de Trump Organization.

La relación «impropia» que la fiscal ha reconocido con Wade, al que contrató en 2022 a razón de 250 dólares la hora para ayudarla con el caso masivo de asociación delictiva por el que juzga al expresidente y a 18 de sus compinches en sus intentos para alterar el resultado de las elecciones de 2020, acabó en agosto pasado, aunque «un hombre diría que terminó en junio», matizó críptica, al sugerir que habían dejado de tener relaciones sexuales.

Fue uno de los muchos detalles jugosos que puso sobre la tribuna en un caso retransmitido en directo a las televisiones de todo el país. Su abogado intentaba convencer al juez de que Willis no tenía que declarar cuando ella irrumpió en la sala al grito de «vamos, estoy lista». Era una Willis combativa que aparecía dispuesta a poner los puntos sobre las íes para explicar voluntariamente, largo y tendido, en cada oportunidad que viese, los detalles que, a su juicio, la prensa se había saltado para manipular la imagen de su relación.

Así se ha sabido que «siempre», a lo largo de su vida adulta, ha mantenido sumas de dinero en efectivo en casa, tal como le enseñó su padre, que este viernes tuvo que subir al estrado. En sus peores tiempos, podían ser 500 dólares, mientras que en los mejores llego hasta 1.000. De ahí reembolsó, según dijo, a su pareja por los billetes de avión, de cruceros, y de hoteles que este se encargaba de comprar a través de su agente, pero no guarda ningún recibo de haberle hecho esos pagos. «Lo que te he dicho es la prueba», cortó al abogado que la interrogaba.

Había tanta rabia en sus palabras que le temblaba el mentón y se mordía los labios mientras contestaba desafiante a sus verdugos, dispuestos a humillarla exponiendo sus asuntos privados tanto como fuera posible, si no lograban demostrar algún delito que justifique el descarrilamiento del caso. «Por mucho que os esforcéis en aparentarlo yo no soy la imputada, son esta gente acusados de intentar darle la vuelta a las elecciones de 2020», recordó. En un momento dado el juez tuvo que pedir una pausa de cinco minutos para romper la tensión con la que la fiscal parecía estar a punto de echarse a llorar de pura rabia.

«Eso es lo que harán conmigo, soy consciente», diría después en CNN Michael Cohen, que como antiguo abogado de Trump será el testigo estrella del primer juicio penal contra el expresidente, previsto en Nueva York para el 26 de marzo.