Tres juezas anulan la inmunidad de Trump y lo dejan a los pies del Supremo

Nadie había intentado llevar tan lejos la inmunidad presidencial. Solo Richard Nixon llegó a sugerirlo al decir en 1977 en una entrevista con el periodista británico David Frost que lo que para cualquier otra persona pueda ser ilegal, «cuando lo hace un presidente, eso significa que no es ilegal».

En la audiencia del mes pasado los abogados de Trump forzaron la cuerda para intentar convencer al panel del Tribunal de Apelaciones de que la inmunidad del mandatario tiene que ser ilimitada porque, de lo contrario, no se atreverá a tomar decisiones vitales para la seguridad nacional del país por temor a que pueda ser demandado una vez que deje el cargo. «¿Podría el presidente Obama potencialmente ser acusado de asesinato por autorizar ataques con drones contra ciudadanos estadounidenses?», preguntó John Sauer en representación del empresario.

Su argumento escandalizó a las tres juezas, dos de ellas nombradas por el actual presidente, Joe Biden, y una tercera por el exmandatario George H. Bush. «Me parece paradójico decir que su obligación constitucional de ocuparse del cumplimiento fehaciente de las leyes le permita violarlas de forma criminal», observó esta última, Karen Henderson.

Su colega Florence Pan buscó los límites de la inmunidad presidencial al plantear al representante de Trump si un presidente podría ser imputado por el hipotético caso de ordenar a una unidad de las fuerzas especiales -«como el Team 6 de los Navy SEAL» que asesinó a Bin Laden- que matase a su rival político. Sauer respondió que solo si el mandatario en cuestión hubiera sido hallado previamente culpable en un juicio político de 'impeachment'.

La respuesta resultaba particularmente inquietante porque durante el segundo proceso de 'impeachment' al que el Congreso sometió a Trump tras la insurrección del 6 de enero, sus abogados y los propios líderes republicanos argumentaron que, como el mandatario iba a dejar el cargo, tendrían que ser los tribunales los que le juzgasen.

Al defender ahora lo contrario, fiel al estilo Trump, su apuesta es prolongar el proceso con apelaciones y recursos para que en caso de que le resulte desfavorable pueda estar en la Casa Blanca cuando salga el veredicto y así autoindultarse al tratarse de un caso federal.

El Tribunal de Apelaciones le ha dado hasta el 12 de febrero para que el Supremo de EE UU decida se acepta el caso. Con ello sentaría jurisprudencia de un tema constitucional que nunca ha sido totalmente desgranado, motivo por el que los juristas desean verlo en el más alto tribunal del país. La cuestión es si ese polémico cuerpo de nueve jueces que ya otorgó las elecciones de 2000 a George W. Bush y desmanteló el año pasado el derecho al aborto quiere ser también responsable de otorgar poderes ilimitados al ocupante del Despacho Oval y allanar el camino para la victoria de Trump en las elecciones de noviembre. Durante su mandato el magnate tuvo la oportunidad de nombrar a tres de los nueve magistrados vitalicios que forman el Supremo, cambiando así su sesgo ideológico para las próximas décadas.