Pedro Sánchez está dispuesto a reunirse con Carles Puigdemont en el extranjero, antes de que los tribunales avalen su amnistía, para negociar cuestiones políticas como los próximos Presupuestos Generales del Estado. El presidente del Gobierno ya aseguró hace un año que no tendría ningún ... problema en tener ese tipo de encuentro, pero a pesar de que el olvido penal del 'procés' es ley desde el pasado 9 de junio y de que, desde que se pactó la investidura, hace algo más de un año, la cúpula de su partido ha celebrado reuniones de periodicidad mensual con la de Junts en Suiza, la cita no ha llegado a producirse. Ahora con las Cuentas de 2025 en el aire, el gesto parece más inevitable que nunca. Sobre todo, después de que el expresident advirtiera de que el crédito del jefe del Ejecutivo está en «números rojos» y le acusara de tratarle «como el Supremo, como un delincuente».
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En su balance de fin de año en la Moncloa –en el que defendió que pese a las «zancadillas, noticias falsas y la deslealtad de algunos» su Gobierno está siendo capaz de conseguir avances y, sobre todo, de «evitar retrocesos» como los que, dijo, se están produciendo en aquellos lugares donde gobierna la ultraderecha– Sánchez aseguró que a sus ojos Puigdemont es ya un interlocutor político más. «Nosotros entendemos que la amnistía se produce en el momento que está avalada por las Cortes Generales. Hay instituciones que legítimamente han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional pero en términos políticos ya se aplica y se está aplicando incluso por el PP», arguyó.
A las dificultades para contentar en cada negociación parlamentaria a todos sus aliados, los socialistas suman ahora un nuevo problema. Aunque consigan sacar adelante sus iniciativas, estas pueden quedar en algunos casos desvirtuadas, como ocurrió la semana pasada con la reforma fiscal y la derogación del impuesto a las energéticas.Una enmienda del PP respaldada por Vox, los posconvergentes y los nacionalistas vascos sirvió para propinar un varapalo a los socialistas que, no por intrascendente (el Gobierno ya se había resignado a que no podría prorrogar el gravamen), tuvo menos impacto político.
El jefe del Ejecutivo está convencido aun así de que nadie apoyará una moción de censura promovida por el líder del PP y eso le basta para creer que está en condiciones de agotar la legislatura siempre que «sude la camiseta». El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, volvió a dejar claro ayer en Radio Euskadi que los socialistas pueden contar con su partido; sin embargo, también advirtió que ve a algunos grupos, en alusión a Podemos y Junts, pensando que «si hay otras elecciones no pasa nada, aunque gane una mayoría PP-Vox»
El presidente eludió la más mínima crítica a sus socios coyunturales, pero sí cargó contra los populares. «Aquí lo que se denota es una enorme hipocresía de una oposición que ha movilizado a muchos militantes al grito de que la amnistía iba a romper España, que estábamos perdonando el golpismo del independentismo y ahora –insistió– coinciden en votaciones». Sánchez alegó que aun así la «normalización» de la política que perseguía la amnistía ha sido «un éxito». E incluso llegó a afirmar que «ahora la democracia ya sí es plena» porque ya todos los actores políticos están «dentro» del juego parlamentario «haciendo política».
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Sánchez también insistió en sus críticas al PP por no hacer «oposición política» sino «judicial» con asuntos como el que afectan a su mujer, Begoña Gómez, o al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que volvió a defender a capa y espada con una fórmula controvertida.
El jueves, el jefe del Ejecutivo alegó que muchos deberían «pedir perdón» a García Ortiz porque la Guardia Civil no había encontrado mensajes en su móvil que pudieran vincularlo con la filtración de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, investigado por dos delitos fiscales. Pese a que la UCO apuntó que la ausencia de mensajes se debe a un borrado previo del contenido del dispositivo, el presidente insistió ayer: «La confianza del Gobierno en su fiscal general es aún mayor».
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El uso del pronombre posesivo 'su' resulta problemático cuando de lo que se habla es de un cargo nombrado por el Ejecutivo pero que debería funcionar de manera autónoma y sin ningún tipo de dependencia política. Sánchez ya fue objeto de numerosas críticas cuando, en enero de 2020, puso al frente de la Fiscalía General del Estado a su hasta entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado. Y más aún cuando, en la campaña electoral de 2019, para avalar su promesa (incumplida) de traer a Puigdemont a España para que pudiera ser juzgado, espetó en RNE: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso».
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