El juez cita a los representantes de Indra, Google y Telefónica por el software de Begoña Gómez

La supuesta explotación privada de esa herramienta informática ha sido la que le ha valido a la mujer del presidente las nuevas imputaciones por apropiación indebida e intrusismo profesional, que se han sumado a los cargos primigenios de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Ese mismo día 22 de enero, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid también ha citado para volver a interrogar al que fuera vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio, y a su sucesor en el cargo, José María Coello de Portugal. Según la declaración el pasado miércoles de Begoña Gómez ante el juez Peinado, en la que solo contestó a las cuestiones que le planteó su abogado, ambos fueron los que dieron las «pautas» e «indicaciones» para licitar por 60.500 euros para el desarrollo de ese software.

La esposa del presidente insistió en señalar que ambos, a pesar de que ella es de «marketing, no sé de jurídico y no estoy contratada» le indicaron que «debía firmar, puesto que era la Complutense la que impulsa el proyecto». «Según las indicaciones, firmé el proyecto porque era la práctica habitual en la Complutense», se descargó de toda la responsabilidad la imputada.

Peinado amplió las imputaciones a Gómez por apropiación indebida e intrusismo profesional (por la redacción de ese pliego para el contrato de 60.500 euros) el pasado 29 de octubre, después de que a finales de septiembre la Audiencia Provincial de Madrid autorizara al instructor Peinado a entrar de lleno en la investigación sobre el software. La sección 3 –que rechazó los argumentos de la Fiscalía, que pedía que esta nueva línea recayera en el juzgado 48– apuntó que había suficientes pruebas para investigar la querella de Hazte Oír en conexión con la causa que ya estaba abierta.

Según las acusaciones populares (Vox, Iustitia Europea, Hazte Oír y Manos Limpias), fue la esposa del presidente quien pidió a Indra, Telefónica y Google que le proporcionaran gratuitamente esa herramienta para su máster de Transformación Social Competitiva. Aquellos trabajos tuvieron un coste cercano a los 150.000 euros pero nadie –ni la imputada ni la universidad ni el máster– abonó nada. Luego, Gómez firmó de su puño y letra dos adjudicaciones por valor de 60.500 euros, IVA incluido, para el desarrollo e «implementación» de esa herramienta, que acabó pagando la universidad.

Finalmente, el 'software' terminó ofreciéndose en noviembre de 2023 desde la web de la compañía de Gómez. Se trata de Transforma TSC (siglas que se corresponden con Transformación Social Competitiva), creada ese mismo mes con un capital social de 3.000 euros, sin trabajadores, con sede en el piso de Pozuelo de Alarcón del matrimonio y de la que la mujer del presidente es la administradora y socia única.

Transforma TSC, como anunciaba en su web, ofrecía ese 'software', que presentaba como propio, a las pymes para conseguir «informes de impacto social y medioambiental». Se da la circunstancia además de que esa página web desde la que se promocionaba el programa tenía un dominio '.org', típico de las organizaciones no gubernamentales. Algo que podría llevar a confusión con el máster público del que Gómez era codirectora, pese a carecer de licenciatura universitaria, para la citada Transformación Social Competitiva.

A pesar de que el concurso público especificaba que el lugar de ejecución de este proyecto era la «Escuela de Gobierno UCM-Cátedra de Transformación Social Competitiva», el correo electrónico de soporte y contacto para los usuarios de esta herramienta estaba bajo el dominio de la empresa de Gómez y no de la Complutense.

Gómez el pasado miércoles, en su primera declaración ante el juez, defendió que nunca registró la herramienta a su nombre ni la comercializó ni la canalizó a través de una empresa. Y que no obtuvo beneficio económico alguno de ese controvertido 'software', pues esa nunca fue la intención.