El PP cree que la debilidad legislativa del presidente acelera el «fin de ciclo»

Los populares, que no se atreven a aventurar la fecha de caducidad al mandato del líder del PSOE al depender este exclusivamente de sus socios, insisten en que hay síntomas evidentes que ponen de manifiesto cómo el Ejecutivo atraviesa su momento más crítico desde que el actual presidente apease a Mariano Rajoy del poder con la moción de censura de 2018. «Sin gobernar no se puede legislar», insisten fuentes de los de Alberto Núñez Feijóo, quienes creen que el argumento lanzado desde Moncloa –que la legislatura pasada era «la de las leyes» y esta debe ser «la de la gestión»– cae por su propio peso.

Si bien es cierto que en el primer año de esta legislatura el Ejecutivo ha logrado sacar adelante 14 leyes, incluidas algunas de tanto calado como la amnistía –imprescindible para volver a investir a Sánchez tras las elecciones del 23 de julio de 2023–, el paquete fiscal o la ley ELA, además de una decena de decretos con medidas sociales, económicas o para hacer frente a las consecuencias de la dana de Valencia, no lo es menos que la complicadísima aritmética en el Congreso ha dificultado mucho la vida al recientemente reelegido secretario general del PSOE.

De hecho, Moncloa ha tenido que retirar iniciativas para evitarse duras derrotas ante la imposibilidad de convencer a sus socios de que las apoyaran, como ocurrió con la ley del suelo, la ley de extranjería y el techo de gasto. El primer revés legislativo serio del año tuvo lugar en mayo, cuando el PSOE, a última hora, tuvo que retirar la primera de esas normas ante la negativa a aprobarla de sus socios parlamentarios de izquierdas en la Cámara baja –incluido Sumar, que forma parte del Gobierno–.

La reforma de la legislación de extranjería, por el contrario, sí llegó a votarse, aunque tampoco salió adelante. Los motivos, no obstante, fueron opuestos: la suma de los votos de PP, Vox y Junts dio al traste con esa reforma. Y en lo relativo a la senda de estabilidad, el Gobierno se ha llevado varios varapalos en lo que va de año y actualmente sigue en negociaciones con Carles Puigdemont, lo que, a su vez, está retrasando la presentación de los presupuestos de 2025 —ya que la senda de estabilidad establece el techo de gasto que pueden incluir las cuentas públicas–.

Una «debilidad legislativa» que, según los conservadores, quedó demostrada en el último pleno del año: el Gobierno fue capaz de aprobar su reforma fiscal, pero el paquete tributario estuvo en duda hasta el último minuto. PNV y Junts lo apoyaron en su mayor parte, pero también se aliaron con PP y Vox para derribar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y dificultar así su prórroga. Una evidencia absoluta de que ninguno de los dos partidos, que compiten a su vez con ERC y Bildu –aliados también de Moncloa– en sus respectivos territorios, creen que deban pleitesía al PSOE.

Algo que supone, según el PP, «romper» el bloque de investidura que sostiene a Sánchez. Ambas formaciones, peneuvistas y junteros, además de Podemos, son las que están poniendo en más aprietos a Sánchez en el Congreso. Pero a pesar de ello la moción de censura no está encima de la mesa de la cúpula del PP, donde son conscientes de que aunar en una misma ecuación a los de Puigdemont, los de Andoni Ortuzar y Vox es misión imposible.

Desde el PP insisten en que todas estas circunstancias, lejos de lo que pueda intentar aparentar, afectan sobremanera a un Sánchez bunkerizado y que –recuerdan los populares– no pisa la calle desde los incidentes de Paiporta (Valencia), cuando abortó la visita a la zona cero de la DANA dejando allí a los Reyes.