El Supremo pide a la UCO que aclare si el fiscal general usó un ardid para no entregar su móvil verdadero

El magistrado, según han revelado fuentes del caso, sospecha que el imputado pudo en realidad entregar a los funcionarios un terminal diferente al que usaba los días del soplo y una tarjeta SIM que tampoco era la suya en marzo. Por ello, acordó este lunes remitir un oficio a esos mismos investigadores para que le faciliten «los números de teléfono e IMSI/IMEI asociados a las tarjetas de los dispositivos móviles que figuran en el acta de la diligencia de entrada y registro» practicada el 30 de octubre en el despacho de Álvaro García Ortiz, «así como la titularidad asociada a estos números de teléfono».

Según fuentes de la investigación, esta petición a la UCO para determinar tarjetas y terminales exactos, recomendada por los propios especialistas de la Guardia Civil, tiene un doble objetivo. El primero: confirmar -tal y como también sospechan los agentes y adelantó la pasada semana este periódico- que el móvil analizado con los mensajes formateados no era el que usaba García Ortiz el pasado marzo, porque fue renovado con posterioridad. Aunque no se cambió el número, sí que se habría cambiado la SIM, por lo que era totalmente imposible que la UCO hubiera encontrado el menor rastro de los mensajes enviados en los días bajo investigación, entre el 8 y 14 de marzo. Y el segundo: tener los datos suficientes llegado el caso para pedir a las operadoras telefónicas el listado de llamadas que el imputado recibió e hizo los días y horas previas a la filtración de los datos de Alberto González Amador.

El conocimiento del IMSI/IMEI, además, podría revelar -si así lo quiere el instructor del Supremo- el lugar exacto donde se encontraba el fiscal general en las horas en que fue enviado a la prensa el cruce de mails entre el fiscal del caso del doble fraude de la pareja de la presidenta madrileña, Julián Salto, y el abogado de González Amador.

Lo que en ningún caso podrán revelar las operadoras es el contenido de esas llamadas, porque las comunicaciones en ningún caso se graban si no existe una orden judicial previa para pinchar los teléfonos. Tampoco el conocimiento de esos números de tarjetas y terminales -avisan mandos de la investigación- podrá ayudar a recuperar el contenido de los mensajes borrados por el máximo responsable de la acusación pública, ya que las operadoras tampoco conservan de forma remota esas informaciones. El único procedimiento para poder llegar a esos whatsapp borrados tras el formateo del móvil -insisten- es requerir a la multinacional, a través de una comisión rogatoria, que envíe el contenido o, en el caso del que el terminal original no haya sido destruido, a través de un complicado e incierto proceso forense.

El instructor señala que adopta esta decisión de activar una nueva línea de investigación «a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por esta misma unidad sobre el material intervenido en el registro efectuado en el despacho del fiscal general del Estado y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión de éste».

En ese atestado, la UCO informó lacónicamente que el móvil del fiscal general había «cero mensajes». Según ese mismo informe, lo que sí encontró la Guardia Civil en el ordenador de sobremesa del máximo responsable del Ministerio Público son pruebas de que García Ortiz tuvo acceso, antes de que se hiciera pública en los medios, a la cadena de correos entre el abogado de la pareja de Ayuso y Julián Salto. Esos 'mails' enlazados, con el asunto de 'Denuncia Maxwell Cremona' (nombre de la empresa de González Amador), llegaron a la cuenta personal de Gmail de García Ortiz procedente de la cuenta corporativa de la Jefatura Fiscal de Madrid el 13 de marzo a las 23:45 horas.

Aunque se trataba de un asunto oficial y con datos confidenciales de un contribuyente, García Ortiz no recibió en su correo electrónico oficial ninguna comunicación sobre la negociación con el novio de Ayuso. Así lo afirman los investigadores de la UCO, que han analizado los 45 mensajes que llegaron al fiscal general en los días de la filtración.