Una acusación pide ampliar las imputaciones al fiscal general tras el borrado de su móvil

En concreto, APIF ha reclamado a Hurtado la imputación del máximo responsable de la acusación pública por prevaricación administrativa, revelación de secretos por apoderamiento ilegal y, de forma alternativa, por infidelidad en la custodia de documentos públicos. Todo ello, después de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontrara «cero mensajes» en la terminal de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo de este 2024, horquilla temporal en la que se habría producido la filtración de los correos entre el fiscal Julián Salto, instructor de la causa por dos fraudes fiscales contra Alberto González Amador, y el letrado de este último.

«Este procedimiento ha pasado por tres instancias judiciales», recuerda en su escrito la acusación popular. Una demora que, en su opinión, facilita que se este produciendo un posible ocultación de pruebas. «Se está dando un tiempo que no tendría ningún otro investigado para desarrollar todo tipo de estrategias, excusas o explicaciones a cada novedad de la unidad policial investigadora o avance de la instrucción», avisa el colectivo de fiscales.

«Es necesario determinar en el atestado, de manera que no deje lugar a la duda, si pueden recuperarse los whatsapp u otra mensajería instantánea, así como correos electrónicos borrados, mediante aplicaciones como Cellebrite o cualesquiera que use la UCO», pide la APIF, después de que fuentes oficiales de la propia Fiscalía General del Estado hayan confirmado que se formateó el teléfono del imputado en cumplimiento supuestamente de los protocolos de seguridad informática en vigor en el Ministerio Público.

Por ello, la APIF también solicita al instructor que requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía que aporte «los protocolos de borrado de datos que existen en terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole».

Entre la batería de diligencias que reclama al juez, la asociación incluye el «listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles» de García Ortiz y Rodríguez de la noche del 13 al 14 de marzo para acreditar si hablaron con periodistas. Y pide a su vez que se acredite si el fiscal general «ha cambiado de terminal de móvil desde el 13 de marzo».

La asociación sostiene que del informe de la UCO relativo a Rodríguez «se deduce claramente que la versión de que la desprotección y filtrado, máxime por las horas nocturnas a las que se produjo, solo puede venir de la persona del investigado», en referencia a García Ortiz.