Sánchez inicia su tercer mandato con una compleja mayoría al albur de Puigdemont

El mero hecho de que Sánchez aprovechara su última intervención en el debate para lanzar un mensaje de agradecimiento a quienes, en su propio partido, cargos, militantes y simpatizantes, han soportado semanas de presión e incluso protestas con violencia ante sus sedes sin saber siquiera el alcance de lo que él y la cúpula del PSOE habían decidido entregar a Carles Puigdemont y su partido a cambio de los siete escaños que le han afianzado en la Moncloa, dan muestra de la excepcionalidad del momento. «Sé que el proceso que nos ha traído hasta este día no ha sido fácil como tampoco lo ha sido para mí. Gracias por vuestra confianza», les dijo.

«Esto es una equivocación», advirtió por su parte el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cuando, tras la votación, se acercó hasta su escaño en un gesto de reconocimiento institucional. Vox acusa a Sánchez de estar perpetrando un golpe de Estado y el propio líder de la oposición lo acusó la víspera de «corrupción política», pero los populares no niegan como tal que el Gobierno que están a punto de formar el PSOE y Sumar, y cuya composición se dará a conocer probablemente este fin de semana, sea legítimo.

Los socialistas se aferran ahora a la capacidad demostrada por su líder para salir airoso de las situaciones más complejas para vaticinar cuatro años de legislatura en un marco de «estabilidad», pero no niegan que la tarea será ardua. Asumen que tendrán que convivir con una oposición fuerte, que controla el Senado y gobierna en doce comunidades autónomas, y con un poder judicial que ya se ha puesto en alerta ante las implicaciones de sus pactos. También que tendrán que afrontar el temor permanente a quedar colgados de la brocha ante un requiebro de sus aliados de Junts y ERC, decididos a condicionar cada paso que requiera de sus votos a la consecución de avances en su hoja de ruta para la independencia y en continua competición entre sí.

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Los últimos días han sido un buen ejemplo de la incertidumbre a la que les aboca la dependencia del secesionismo catalán. La proposición de ley que dejará impunes los delitos cometidos durante el 'procés', en su más amplio sentido temporal y conceptual, y que debía llevar la firma de todos los socios acabó registrándose el lunes solo con la del PSOE ante las objeciones de última hora de ERC. Y el miércoles, el número tres de los socialistas, Santos Cerdán, se vio obligado a confirmar en un encuentro con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que no habría sustos en la votación de la investidura después de que trascendiera el malestar del partido de Puigdemont por el modo en el que Sánchez se había referido a la amnistía, no como el reconocimiento de los abusos cometidos por el Estado sino como un generoso acto de perdón.

Y por si todo lo anterior fuera poco, Podemos, con cinco diputados integrados en Sumar, también reiteró su advertencia de que, aunque haya apoyado la investidura, su grado de compromiso con el Gobierno será bien diferente en caso de que, como todo apunta, se quede finalmente sin ministerios.

Como en la legislatura anterior, sin embargo, Sánchez actúa con la convicción de que el rechazo a Vox será el mejor pegamento para mantener compactada, pese a sus diferencias, una mayoría que la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, definió como «enormemente compleja». Conseguir que la izquierda abertzale coincida en determinadas materias, especialmente en materia económica, con Junts o con el PNV, con el que además rivaliza electoralmente, no parece sencillo. Pero los dos partidos vascos se erigieron el jueves en arietes contra la ultraderecha. «Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox», ironizó el nacionalista Aitor Esteban frente a los reproches del líder del PP a la postura del PNV.

La dificultad para aprobar iniciativas legislativas que forman parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar, reconocida de manera abierta en las filas socialistas, choca con un discurso que justifica el drástico cambio de postura sobre la amnistía con la necesidad de continuar con los avances sociales y en derechos del Ejecutivo «progresista». Todo augura, además, que como hace seis años esa época que Sánchez se vanagloria de haber dejado atrás, el debate político quedará colonizado por la cuestión territorial y la exigencia de un referéndum en Cataluña. Pero en el PSOE piden calma e insisten en que esa última línea roja no caerá.