Sánchez lanza la amnistía total como primer pago por su reelección

Los socialistas han pasado meses negociando el alcance de esta medida –contestada de antemano por la oposición, por algunos (no muchos) sectores del PSOE y por buena parte del mundo judicial– con el partido del prófugo Carles Puigdemont, uno de sus principales beneficiarios, y también con los republicanos. Estos,    no obstante, ya advirtieron la semana pasada, tras darse a conocer el acuerdo entre socialistas y postconvergentes, de que exigirían una última revisión. Finalmente, como demandaban los partidos independentistas, el conjunto de delitos amparados por la norma será amplio. Y el plazo del que dispongan los tribunales para aplicar la ley, breve: un «máximo» de dos meses a partir de su aprobación «sin perjuicio de los ulteriores recursos».

La proposición de ley –entregada para su lectura a aliados como el PNV o Bildu este lunes mismo, tan solo minutos antes de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convocara oficialmente para este miércoles y jueves la investidura– fija como 'amnistiables' «todos los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, (...) entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023». Es decir, que también afecta, por ejemplo, a las causas abiertas por el Tribunal de Cuentas contra el expresidente Artur Mas y otros altos cargos de su gobierno, contra Puigemont o contra Oriol Junqueras. Aunque, en caso de que ya haya sentencia firme, no se contemplan ni la devolución del dinero pagado ni indemnizaciones.

Además de esas causas, más o menos evidentes, la iniciativa, pendiente aún de su calificación por parte de la Mesa del Congreso, señala expresamente como agraciados a quienes, dentro de esa misma horquilla temporal de más de once años, cometieron otros delitos que «no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas». Es lo que Junts venía describiendo como casos de 'lawfare' o persecución judicial con fines políticos.

El texto pactado por los socialistas y los secesionistas no menciona expresamente esa práctica blandida por Puigdemont en su campaña de internacionalización del 'procés'. Es más, en el preámbulo de la proposición se remarca que «España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales». Pero hay pocas dudas de que bajo el paraguas de los actos no estrictamente vinculados al 'procés, el 'expresident' ha querido cobijar a personas de confianza a las que presenta como víctimas de persecución ilícita.

Con toda probabilidad, por ejemplo, se extinguirá la causa contra el jefe de su oficina, Josep Lluis Allay, investigado por malversación de fondos públicos por un viaje a Nueva Caledonia para asistir como observador a un referéndum. La proposición está redactada, de hecho, casi a su medida al incluir «aquellas actuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares».

Otro caso que los postconvergentes englobaban en esa supuesta actuación espuria de los jueces, recogida en el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts y rebatida de forma unánime por todas las asociaciones de jueces, es el del exconsejero de Interior Miquel Buch, condenado por fichar a un sargento de los Mossos d'Esquadra para que ejerciera de escolta de Puigdemont tras su huida de España. A priori, el texto lo ampara tanto a él como a ese agente, Lluís Escolá.

Lo que no está tan claro es en qué medida comprende al abogado del expresident, Gonzalo Boye, acusado de blanqueo de dinero en una causa con el narcotraficante Sito Miñanco. La iniciativa registrada contempla el olvido de las causas contra    «quienes, de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables» del 'procés', pero solo en lo que se refiere a actos relacionados «directa o indirectamente» con el mismo. Tampoco parece que pueda servir para borrar los antecedentes penales de la presidenta de Junts, Laura Borràs, a la que Esquerra se negaba a dejar 'limpia' por su caso de corrupción como dirigente de la Institució de Lletres Catalans.

A quienes sí será aplicable la norma de 16 artículos es tanto a los CDR como a los implicados en la causa de Tsunami Democrátic responsables de los disturbios contra la sentencia del Tribunal Supremo de 2019 y sobre los que, en algunos casos, pesa la acusación de terrorismo. A los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cambio, la amnistía les será de aplicación solo en caso de que no estén acusados de delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes que «superen un umbral mínimo de gravedad». Fuentes de la Moncloa cifran en 400 los beneficiados por la ley; 73 de ellos, policías y guardias civiles.

La proposición de ley cuenta, al margen del articulado, con una extensa exposición de motivos, a la que se dedican once páginas de veintitrés. Ese preámbulo fue uno de los asuntos más discutidos con Junts. Entre otras cosas, porque los socialistas lo consideraban fundamental para poder sortear los eventuales recursos ante el Tribunal Constitucional y Puigdemont y los suyos se negaban a expresar el mínimo arrepentimiento. Bolaños aseguró este lunes que es esa parte del texto, sin fuerza normativa pero con valor interpretativo, la que explica que, a diferencia de la proposición de ley de amnistía que registraron los independentistas en 2021, la suya sea «plenamente constitucional».

El preámbulo de aquel otro texto, rechazado por la Mesa del Congreso con el voto del PSOE, presentaba al independentismo como víctima de un Estado represor. El socialista evita cualquier reproche por los actos cometidos durante el procés, que enmarca como consecuencia casi natural del malestar generado en Cataluña por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en 2010. Pero, además de defender que la amnistía cabe en el ordenamiento jurídico español y que está aceptada en el derecho europeo, también subraya que «no hay democracia fuera del Estado de derecho».

Además, y a pesar de la enorme contestación que ya ha levantado la mera discusión de la amnistía al 'procés', con protestas (en algunos casos violentas) en toda España, la justifica con el argumento de que servirá al «interés general» y generará «un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político». La patronal disiente de esa aproximación. En un comunicado, tras celebrar un comité extraordinario de urgencia, la CEOE advirtió de que los pactos de investidura, que incluyen la amnistía, crean un «clima de negocios complicado». E incluso el secretario general de CC OO, Unai Sordo, advirtió al PSOE de que urge hacer pedagogía y ofrecer una explicación «alternativa» de lo que está pasando.