Sánchez justifica la amnistía como un ladrillo más de un «muro» contra la «derecha reaccionaria»

El presidente del Gobierno en funciones se dirigió a la Cámara baja para solicitar su confianza en un clima de enorme tensión por la polémica concesión de una amnistía a los encausados del 'procés' que él mismo rechazó y tildó de inconstitucional hasta el pasado 23 de julio y por los pactos firmados, fundamentalmente con Junts y ERC. Lo hizo ante un Congreso de los Diputados blindado por 1.600 policías para tratar de garantizar la seguridad tras varias jornadas de protestas frente a las sedes del PSOE. No podía obviar ese hecho y decidió abordarlo desde el primer momento. Pero no para defender las supuestas bondades de sus cesiones.

Sánchez ni siquiera se refirió a la ley de impunidad ni a los acuerdos que condicionarán, sin ninguna duda, el devenir de la legislatura hasta bien avanzada su intervención. El suyo fue más bien un discurso defensivo en el que justificó sus decisiones con un argumento fundamental: que es necesario hacer frente a las «derechas retrógradas» que están avanzando en todo el mundo mientras cabalgan a lomos de la incertidumbre que generan los grandes retos globales (la emergencia climática, los movimientos migratorios, la Inteligencia Artificial, la globalización...) y que, adujo, amenazan con «minar las propias bases de la democracia».

El presidente, aún en funciones, insistió en su argumento de que el PP, ganador de las pasadas generales con 16 escaños de ventaja sobre su partido, ha sido «parasitado» por Vox, por lo que también hay que cortarle el paso. «Si en nuestro país estos movimientos no han ido más lejos en el desmantelamiento de los valores constitucionales y democráticos no ha sido por falta de voluntad ni mucho menos por límites políticos o morales. Tampoco, desgraciadamente, porque la derecha conservadora les haya exigido desistir. El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos - arguyó- ha sido el Gobierno de España».

Tuvieron que pasar 45 minutos para que Sánchez planteara algunas de las medidas que su Gobierno de coalición con Sumar pretende desplegar a lo largo del mandato que comenzará este jueves, una vez obtenga, presumiblemente, el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (179): los escaños de su grupo (121), el de Yolanda Díaz (31), Junts (7), ERC (7), Bildu (6), PNV (5), BNG (1) y CC (1). Medidas como la prolongación hasta junio del año que viene la reducción al 0% del IVA para determinados alimentos, o al 5% en el caso del aceite; una ampliación del alivio para los hogares hipotecados o el transporte público gratuito para todos los menores y jóvenes y las personas desempleadas a partir del 1 de enero.

Sánchez fijó ocho prioridades de su Gobierno (el empleo y la economía verde; el refuerzo del Estado de bienestar; la vivienda; la transición ecológica; el feminismo. la cohesión territorial...) . Y fue en el séptimo en el que se refirió a la amnistía, que justificó con argumentos muy similares a los que ya empleó el pasado 28 de octubre ante el comité federal de su partido. «No solo para ganar una legislatura de progreso. Sino para apostar por un futuro de reconciliación y paz social», argumentó.

«Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, por dos motivos de interés general -insistió-: primero, para consolidar los avances logrados en estos últimos años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y el progreso [...], y en segundo lugar, porque esta medida de gracia nos puede ayudar a superar la fractura que se abrió el 1 de octubre, a seguir acercando posturas, y a persuadir a muchos catalanes de que España es un buen país para ellos».

El líder del PSOE desdeñó los reproches de la derecha a la que acusó de haber llevado a Espaañ al «desastre» de la «mayor crisis territorial de nuestra democracia», e incluso negó que realmente el PP tenga razones para oponerse a la amnistía. Una vez más, como a lo largo de las últimas semanas, reiteró que lo único que ocurre es que no ha asumido que no podrá gobernar y se retrotrajo a los indultos cometidos por Gobiernos del PP en el pasado (cerca de 1500 en un solo año, justificadas por el entonces ministro de Justicia Ángel Acebes, como respuesta a una petición de la Santa Sede y en su mayoría, aunque no solo, condenados por delitos leves o los de Terra Lluire iniciados por el Ejecutivo de Felipe González y solicitado por la Audiencia Nacional).