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La batería de promesas que el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha relatado en su discurso de investidura ha llegado precedida por una de las grandes cuestiones que deberá abordar el Ejecutivo antes del 31 de diciembre: las medidas de apoyo para ... combatir la inflación.
Sánchez ha aclarado el futuro inmediato de al menos tres de ellas: mantendrá el IVA reducido de los alimentos, que está en vigor desde el pasado 1 de enero; extenderá el transporte público gratuito de forma permanente para jóvenes y desempleados; y ampliará el código de beunas prácticas bancarias para que los hogares que no puedan pagar su hipoteca se acojan a las medidas de reestructuración para rentas de hasta 38.000 euros frente a los casi 30.000 euros actuales.
El anuncio de Sánchez, que no ha aclarado cuál será el futuro del resto de medidas, implica indirectamente que el IVA de la luz y del gas volverá a sus tipos habituales (el 21%, frente al 5% actual), así como el impuesto eléctrico (al 5,1% frente al 0,5%) actual, o la bonificación de gasóleo para los transportistas, al menos quedan por ahora en el aire.
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La parte del discurso dedicada a relatar sus promesas económicas para los próximos cuatro años ha dejado un reguero de compromisos que pasan por la ampliación de ayudas, inyección de dinero en familias y empresas, mejoras de las condiciones económicas de hogares vulnerables y un aviso tributario a los ciudadanos que más dinero tienen.
El presidente del Gobierno en funciones ha insistido en la estrategia de confrontación económica de poderosos contra el resto de la población al determinar que subirán los impuestos para quienes más patrimonio tienen. Y lo ha hecho con una frase contundente: «Los ricos tienen que pagar sus impuestos. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto. Porque lo justo –lo que mandata nuestra Constitución– es que contribuya más, quien más tiene», ha indicado.
Sánchez ha anticipado que el camino recorrido desde el verano del año pasado, cuando atacó a las grandes empresas al anunciar el nuevo impuesto bancario y energético, será el que siga si es investido este jueves de cara a la nueva legislatura. Subirá el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades (el que pagan las compañías por sus beneficios) hasta el 15%. «Mejoraremos la eficiencia de la administración pública, combatiendo la economía sumergida, ensanchando nuestras bases fiscales, incrementando la progresividad del IRPF, y garantizando un impuesto mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades», ha explicado. «Hay que acabar de una vez por todas con la evasión fiscal de las grandes fortunas y las grandes multinacionales», ha insistido.
También ha anticipado que «aumentarán» el bono para el alquiler, sin precisar en qué cuantíasr; crearán una línea de avales que permitirá a los jóvenes cubrir hasta el 20% de la hipoteca que no conceden los bancos; y acometerán la habilitación de las 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible que prometimos hace unos meses. También ha señalado a los «propietarios con vivienda» en alquiler, después de las duras críticas por la ley de vivienda en vigor y el temor que ha generado esa normativa, prometiéndoles que va a ayudarles «a reformar y modernizar sus viviendas, con un marco jurídico que las proteja y con incentivos fiscales para que aquellas que lo deseen puedan ponerlas en alquiler».
Sánchez ha abordado uno de los problemas habituales con los que se están encontrando los ciudadanos desde la pandemia: la deficiente atención al público en sedes públicas como las de las oficinas de la Seguridad Social. Por eso, ha prometido establecer «un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria», una práctica habitual también en el SEPE y en otros muchos organismos. Además, ha indicado, «fijaremos por ley un máximo de 30 días para la recepción de prestaciones como las ayudas a la dependencia».
Aunque ha aparcado el futuro de las medidas en vigor para combatir la subida de los costes energéticos, el presidente en funciones sí ha anticipado que el Gobierno quiere que «la mitad de toda la energía que consuma nuestro país sea renovable», una circunstancia ya suscrita en el Plan de Energía y Clima. «También vamos a favorecer las comunidades energéticas y a triplicar la potencia instalada de autoconsumo», ha indicado. Se trata de «seguir desplegando las energías renovables de forma responsable y coordinada, integrando a los vecinos en la toma de decisiones y en el reparto de beneficios».
Además, ha expuesto su idea -plasmada en el acuerdo entre PSOE y Sumar- de «reestablecer la Comisión Nacional de la Energía, suprimida por el gobierno del PP y que será clave para garantizar el mejor funcionamiento del sistema energético y la diversificación de sus operadores». Hace ahora una década, el Ejecutivo de Mariano Rajoy agrupó todas las funciones de estos organismos en uno solo, la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En materia de empleo no ha realizado nuevos anuncios, más allá de lo pactado con la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz. Será ésta, ha indicado, «la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores», sin precisar mucho más allá. Sí ha insistido en su idea de impulsar una reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, «incorporando incentivos para que las empresas ofrezcan horarios más flexibles y potencien el teletrabajo siempre que sea posible». Por otra parte, ha insistido en garantizar por ley para que el salario mínimo interprofesional /(SMI) «siga aumentando cada año para mantenerse en el 60% del salario medio».
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