Sánchez aguanta el pulso a Puigdemont y le asegura que no será juzgado por terrorismo

Mano izquierda porque, aunque este jueves el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que «el Gobierno va a gobernar haya o no ley de amnistía» y desde Moncloa se ha lanzado en los últimos días el mensaje de que Sánchez «tirará para adelante» incluso si no es posible recabar el apoyo de Junts para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2024, los socialistas son conscientes de que perder el apoyo del partido de Carles Puigdemont les abocaría a una parálisis insostenible.

Es cierto que en el Gobierno también creen que, a la hora de la verdad, la formación independentista no estará dispuesta a tirar por la borda la posibilidad de un perdón general del 'procés' por el temor de Puigdemont a quedar excluido. La tesis que empieza a defender el PSOE, de hecho, es que incluso si Junts opta por tumbar ahora la ley volverá a llamar a su puerta dentro de unos meses, en el próximo periodo de sesiones, para retomar el asunto.

En cuanto a las Cuentas, ya deslizan que, con las de 2023 prorrogadas, cabría saltar directamente a la negociación de las de 2025. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva semanas dejando caer, no en vano, que solo llevará a la Cámara las de 2024 si tiene garantizado que superan el debate de totalidad. Eso ahorraría a Sánchez la foto letal de una derrota parlamentaria que, en la práctica, debería conducirle a convocar elecciones.

El presidente del Gobierno aún persigue, en todo caso, salvar la bola de set frente a la que le ha puesto en este minuto su socio más conflictivo y a las puertas de unas elecciones gallegas que Alberto Núñez Feijóo ve como una oportunidad de reforzar su alternativa. «En una negociación -esgrimió este jueves Sánchez en Bruselas- no se tiene que medir quién cede o no cede. Al final, todos hemos cedido para lograr una ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional. La clave es mantener la templanza y la firmeza; la templanza en cuanto a la contención para tratar de llegar a un acuerdo y la firmeza para saber que todo lo que hemos avanzado hasta ahora es suficientemente riguroso y sólido para el objetivo marcado de superar el horizonte judicial que causó el año 2017».

Sánchez advirtió a los posconvergentes de que lo «fundamental» es que la polémica norma salga del Congreso «con las garantías jurídicas para poder ser aplicada», algo que, a juicio del Gobierno, no ocurriría si se optara por incluir bajo el paraguas de la amnistía los delitos de traición y terrorismo, cualquiera que sea su gravedad, porque ni el Tribunal Constitucional ni las instancias europeas lo considerarían aceptable. Pero también trató de convencer a la formación independentista de que sus miedos son infundados.

El presidente lanzó un mensaje de confianza en la justicia que, en realidad, casa mal con el discurso mantenido hasta ahora por el independentismo e incluso con el que, puertas adentro, maneja el PSOE. Los secesionistas se presentan como víctimas de un Estado represor que tiene como brazo ejecutor a unos tribunales a los que no dudan en calificar de «franquistas» y «prevaricadores». En público, Bolaños, afeó el martes a sus socios esos apelativos y defendió el engranaje institucional español. Pero el partido sostiene en privado que por parte de algunos magistrados -como el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que mantiene imputado por terrorismo a Puigdemont, o Joaquín Aguirre, que lo ha señalado en la trama rusa- se está produciendo una clara injerencia en la labor del Legislativo con el objetivo de torpedear la tramitación del texto sobre el que pivota la estabilidad de la legislatura.

«Como todo el mundo sabe -arguyó Sánchez-, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, estoy convencido, y así lo van a concluir los tribunales, que con esta ley todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados».