Sánchez se aferra al salvavidas de los Presupuestos para seguir en la Moncloa pese al órdago de Junts

Los Presupuestos son la razón de ser de la legislatura. No sólo porque el Partido Popular y la hemeroteca hayan devuelto como un bumerán que «un Gobierno sin presupuestos no puede hacer nada», tal y como el propio Sánchez repetía en 2018 a Mariano Rajoy cuando era jefe de la oposición para que convocase elecciones. Sino porque más allá de la amnistía pactada con las formaciones independentistas, muchos de los acuerdos comprometidos con el resto de socios de -Sumar, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria- tienen que desplegarse bajo el paraguas de unos Cuentas Públicas.

En lo que llevamos de año han sido tres las ocasiones que el Congreso examina unos objetivos de estabilidad presupuestaria. Las dos primeras, relativos a los Presupuestos de 2024, que quedaron en papel mojado después de que el Gobierno renunciase a ellos por el adelanto electoral en Cataluña.

Y la tercera y más dolorosa, en el último pleno de julio, cuando Sánchez volvió a darse de bruces con la realidad parlamentaria que dejaron las elecciones del 23-J y los postconvergentes volviesen a evidenciar la fragilidad del Ejecutivo. Lo hicieron, en medio de las negociaciones en Cataluña entre socialistas y republicanos, tumbando en la Cámara baja la senda de estabilidad presupuestaria, el paso imprescindible para la tramitación del proyecto de ley.

Las consecuencias de este órdago no son irreversibles y no tienen por qué impedir la tramitación de las Cuentas públicas de 2025. Pero sí complica su elaboración y pone trabas a que puedan ser presentadas en tiempo y forma y entren en vigor el 1 de enero.

En su balance del curso político el 31 de julio, el presidente del Gobierno confió en poder presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 en «septiembre u octubre» y aprobarlos «en el segundo semestre del año». Una aspiración que augura un otoño con todas las energías gubernamentales concentradas en cumplir este fin.

Con las metas de déficit y deuda en la casilla de salida, el Ejecutivo tiene ahora dos opciones: presentar unos nuevos objetivos a nueva senda fiscal -para lo que cada vez hay menos tiempo- o elaborar las Cuentas con una senda desfasada, la de 2023, que es la última aprobada. Estos son los que se enviaron a Bruselas en la primavera de 2023 y resultan más exigentes para las comunidades y los ayuntamientos, la mayoría en manos del PP, que tendrán que apretarse el cinturón.

A este contexto ya enrevesado antes del parón estival se sumará el cónclave nacional de Junts a finales de octubre. La formación decidió el lunes adelantar la fecha prevista para 2026 con el objetivo de redefinir su estrategia política y relanzarse como «alternativa» al nuevo Govern socialista de la Generalitat.

Una cita que puede cruzarse en el calendario de tramitación de los presupuestos del Gobierno central, añadiendo más incertidumbre a las negociaciones y elevando el precio del apoyo de los independentistas a Sánchez en el debate de enmiendas a la totalidad.

Sin desvelar detalles sobre si Carles Puigdemont retomará el liderazgo de la formación o asumirá alguna función tras el Congreso, el secretario general Jordi Turull ya ha dejado claro que el expresident catalán tendrá un «papel muy activo».

Esta misma semana, el ministro de Transportes Óscar Puente restaba importancia a cómo la reaparición y posterior huida del líder de Junts podría afectar a la relación entre su partido y el Ejecutivo en Madrid. «No creo que cambie el panorama que hemos vivido en los últimos diez meses», vaticinó esta semana en RNE, confiando en que los herederos de la extinta Convergencia seguirán apoyando al Gobierno «en función de sus intereses».

Más allá de las implicaciones puramente políticas, los compromisos internacionales son otro elemento más de presión a tener en cuenta. Su alumbramiento será bajo las exigencias de las nuevas Reglas Fiscales europeas, que regresan tras la pandemia con el foco puesto en la contención del gasto, la reducción de la deuda y el regreso de las sanciones a los países incumplidores.

De salir adelante, los primeros Presupuestos de la legislatura darán oxígeno a Sánchez y garantías de continuidad. Pero el Gobierno sólo se lanzará si tiene certeza de que ninguno de sus socios parlamentarios, y en especial Junts, le plantea una enmienda de devolución que, sumada a las seguras del PP y Vox, impediría seguir adelante con los Presupuestos y pondría en jaque al Ejecutivo.

En el peor de los escenarios, Sánchez se vería obligado a mantener la prórroga y daría argumentos al PP para elevar la presión alegando que la legislatura está en coma. En ese caso ganaría enteros la posibilidad de una moción de censura, como ya ha venido planteando la formación de Alberto Núñez Feijóo en los últimos meses pero que, inevitablemente, también requiere del apoyo de Junts para prosperar.