El Gobierno renuncia a los Presupuestos de 2024 y deja en el aire sus promesas sociales

Esos son algunos de los anuncios que desde la Presidencia del Gobierno han insistido en realizar en las últimas semanas para contrarrestar el impacto que tiene la aprobación de la ley de amnistía, cuya votación se realiza este mismo jueves. Consciente del contrapeso de las medidas sociales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había insistido en aprobar las cuentas «para mejorar la vida de la gente». De hecho, apuntó en su viaje a Marruecos la semana pasada que «había Gobierno para rato con presupuesto en 2024, 2025, 2026». Sin embargo, la acción del Ejecutivo queda ahora mucho más limitada a otro tipo de anuncios sin gran contenido económico.

Por lo pronto, se disipa la posibilidad de conocer cómo quedarán configurados los dos impuestos extraordinarios que el Gobierno aprobó en el verano de 2022 para las compañías energéticas y la banca. Tanto Sánchez como la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, habían anticipado que «modularían» y «adecuarían» el tributo energético para minimizar su impacto en las empresas a cambio de que se comprometieran a realizar inversiones sostenibles. El anuncio agradó a todo el sector, dispuesto a plantear una lucha judicial a largo plazo, contra ese tributo.

Del que nada se sabía, por ahora, era del impuesto bancario más allá de los primeros contactos que el Ejecutivo mantenía ya con representantes del sector financiero para tratar de configurar un impuesto con el que Sumar no estaba dispuesto a ceder en recortarlo. Por ahora, ambas figuras permanecen prorrogadas. Esto es, las compañías tendrán que abonarlas como ya lo hicieron el año pasado con un coste de unos 2.900 millones de euros.

Una de las exigencias de Sumar al PSOE en la elaboración de las cuentas públicas pasaba por incluir el aumento de los permisos de paternidad de las actuales 16 semanas a 20 semanas durante este año. Sin embargo, al tratarse de una medida con un importante impacto económico tampoco saldrá adelante al menos en los próximos meses.

Aunque la ejecución de los fondos europeos seguirá su camino, no será así en el caso de numerosas inversiones que el Ejecutivo quería poner en marcha; muchas de ellas vinculadas a los acuerdos de legislatura como el desarrollo de líneas AVE, la ampliación de carreteras, la transferencia de competencias como Rodalies a Cataluña o Cercanías al País Vasco. Incluso, queda en el aire uno de los pilares de la ley de vivienda, el de la puesta en marcha de miles de viviendas sociales para amortiguar los precios desorbitados del alquiler. También quedan congeladas las previsiones de convocar nuevos procesos de oposición pública, más allá de los que ya se encuentran en marcha, a a la espera de unas nuevas cuentas públicas.

Otra de las medidas, la futura aprobación de la Ley en apoyo a los enfermos de ELA, también se mantiene congelada. Aunque la norma se aprobada, sin financiación, no será posible aplicarla.

Lo que no sufrirá ningún cambio será una de las grandes medidas puestas en marcha a principios de año: la revalorización de las pensiones, que ya ha sido aprobada y aplicada; así como el aumento del sueldo de los funcionarios, cuyo pago está previsto para las próximas semanas, tras el acuerdo firmado con los sindicatos.