Junts pone en jaque al Gobierno con un ataque sorpresa a los Presupuestos y Cataluña en el aire

El órdago de Junts no impedirá la tramitación de las Cuentas públicas de 2025, sin las que Pedro Sánchez tendrá muy difícil seguir adelante, pero sí complica su elaboración y pone trabas a que puedan ser presentadas en tiempo y forma. El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset –que anunció su posición, avanzada la tarde, en el patio del Congreso, sin esperar a su intervención en el pleno– argumentó que el Ejecutivo no ha querido atender su demanda de que se dotara de una décima más de déficit a las comunidades autónomas, de tal manera que estas tuvieran más capacidad de gasto y más recursos económicos.

Al Gobierno no se le escapa, sin embargo, que tras esa razón se esconde un aviso de quien no se resigna a perder la Generalitat. Y, por si acaso, Carles Puigdemont se lo recordó con un mensaje en 'la red social X en el que advirtió de que la única alternativa es hacerse con «la llave de la caja» y que tener en el Gobierno catalán al mismo partido –el PSOE– que incumple cada año la ejecución presupuestaria prometida «allanaría el camino al desastre».

En Moncloa, paradójicamente, ni siquiera lo habían visto venir. Hasta mediodía daban por sentado que, como ocurrió con la senda de déficit de 2024, la de 2025 contaría con el apoyo del bloque de investidura y ni siquiera tras las primeras señales de que la formación catalana no iba a dejar pasar la oportunidad de mandarles un recado se dieron por aludidos. «Es evidente que si queremos explorar la vía de los Presupuestos , la senda tiene que salir», decían.

El Gobierno tiene ahora dos opciones. O presenta unos nuevos objetivos, lo que puede llevarle un mes, o elabora las Cuentas con una senda desfasada, la de 2023, que es la última aprobada. La de 2024 tampoco logró prosperar porque el PP le cortó el paso con su mayoría absoluta en el Senado. Para no volver a enfrentarse a esa situación, los socialistas modificaron la ley de estabilidad parlamentaria y privaron a la Cámara alta de su capacidad de veto irreversible con una enmienda colada de rondón en la Ley de Paridad, cuya tramitación ya estaba muy avanzada y que fue validada por el Congreso ayer mismo. No se le ocurrió que la zancadilla vendría de otro frente.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin embargo, evitó hacer la más mínima crítica del partido que forzó al Gobierno a amnistiar los delitos del 'procés' a cambio de investir a Pedro Sánchez y cargó toda la responsabilidad de la situación sobre Alberto Núñez Feijóo. «Las autonomías del PP no votaron en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha sido el PP el que lo ha hecho por el único afán que le mueve, el acoso por tierra, mar y aire al Gobierno. Pero vamos a seguir trabajando por la mayoría social del país y presentando iniciativas», proclamó Montero.

En realidad, no todo fueron fracasos para el Ejecutivo en el amplísimo pleno escoba de ayer, que, entre otras cosas, dio luz verde a la reforma judicial pactada por PSOE y PP junto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Además de la Ley de Paridad y las de los agentes y bomberos forestales, los socialistas sí lograron sacar adelante el último real decreto ley anticrisis, que rebaja al 0% el IVA del aceite, prorroga la exención para alimentos básicos y mantiene medidas como los descuentos del transporte. Podemos – cuyos votos , como los del resto de aliados del Gobierno, resultaban imprescindibles– amenazaba con votar en contra, pero finalmente anunció su apoyo a cambio de la eliminación de los recortes en el bono social eléctrico.

El varapalo con la ley de extranjería, en la que Junts también votó 'no' como el PP y Vox y el golpe de la senda presupuestaria hizo trizas, no obstante, los esfuerzos del Gobierno por cerrar el curso trasladando una imagen de estabilidad y fortaleza que ahora, con la causa contra la esposa del presidente del Gobierno marcando titulares le hacía especial falta. Ayer, la portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, insistió en que todo se reduce a una «causa política» alentada por una derecha y una ultraderecha que no asumen el veredicto de las urnas y evitó aclarar si Sánchez prestará declaración ante el juez Peinado.