Pedro Sánchez se reúne con Aragonès en una semana clave para la investidura de Illa

Los socialistas ya han tenido algunos gestos para allanar el terreno al pacto. Este lunes la Generalitat y el Gobierno suscribieron un acuerdo para que el Estado inyecte mil millones de euros para la mejora del servicio de Rodalies. Pero los votos del partido de Marta Rovira a la elección del líder del PSC siguen sin estar garantizados.

El traspaso de Rodalies, junto con un fondo anual de 150 millones para investigación y la gestión de las becas universitarias, forman parte de lo que Esquerra llama la «carpeta cero», el cumplimiento por parte de el Ejecutivo de los acuerdos firmados para la investidura de Sánchez. Otro de esos compromisos era el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que también se acelera.

El encuentro de mañana, el primero entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat después de la derrota de este último en las elecciones el pasado 12-M y tras la aprobación de la ley de Amnistía, se producirá, de hecho, según han informado en sendos comunicados oficiales los dos ejecutivos, antes de que Sánchez y Aragonès presidan la firma de esa cesión, en al que participarán también la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Emma Sáiz, y el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano.

Hasta este año, solo el País Vasco y Navarra administraban la prestación alumbrada con carácter de urgencia durante la pandemia, pero el pasado diciembre, tras acordar con ERC su traspaso a Cataluña en el marco de las negociaciones para su investidura, Sánchez anunció la disposición del Gobierno a dejarlas en manos de las comunidades autónomas que lo desearan.

El convenio entre el Govern y el Ministerio para transferir el IMV a la Generalitat se cerró el pasado febrero pero estaba previsto que su asunción definitiva se produjera a finales de este año. El Govern en funciones, sin embargo, había exigido ahora que se materializase cuanto antes.

De los acuerdos de investidura con ERC quedaría por cumplirse la condonación de parte de la deuda de la Generalitat (15.000 millones de euros) con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una medida que el Gobierno también ha ofrecido al resto de autonomías. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la semana pasada que ya estaba lista para abrir las negociaciones.

Para llegar hacer a Illa 'president' y no levantarse de la mesa, sin embargo, los republicanos no se conforman con esto y reclaman que se conceda a Cataluña la soberanía fiscal, es decir, que el Gobierno autonómico pueda recaudar, gestionar y recaudar todos los impuestos, como ocurre en el País Vasco y Navarra; algo que a lo que el Ejecutivo de opone de manera rotunda.