Sánchez acepta votar al candidato ultra de Meloni a la Comisión para salvar la elección de Ribera

«Es lo que dicen tratados -argumentó-: todos los países tienen derecho a tener un comisario». Sánchez, que compareció en rueda de prensa desde la ciudad brasileña de Río de Janeiro después de participar en la reunión del G20, esgrimió que dar su visto bueno tanto a Raffaelle Fitto, candidato a una de las seis vicepresidencias, como a Oliver Varhelyi, la propuesta del nacionalpopulista húngaro Viktor Orbán para la cartera de Sanidad, no sería tanto sobrepasar una «línea roja», pese a su filosofía de que hay que levantar un «muro» contra la ultraderecha y las pegas que en los últimos días venía poniendo su grupo en la Eurocámara a ambos nombramientos, como aceptar las reglas de juego. «Es así, todos los países tienen derecho a tener un comisario y hay que respetarlo», insistió. Ahora bien, también exigió al Partido Popular Europeo (PPE) «reciprocidad».

La designación de Ribera, señalada para ocupar el puesto de número dos de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el acuerdo por el que los tres grupos europeo que tradicionalmente han llevado las riendas comunitarias repartieron los cargos de mayor responsabilidad de la UE el pasado verano, está ahora en suspenso. Entre otras cosas, porque con el apoyo del propio líder del PPE, Manfred Weber, Alberto Núñez Feijóo logró que su idoneidad fuera puesta en cuestión por su responsabilidad, como ministra de Transición Ecológica, en la gestión de la DANA que hace veinte días arrasó Valencia.

Sánchez ha estado estos días manteniendo conversaciones desde Brasil, donde también se encontraba Von der Leyen, con otros líderes europeos, sobre todo de la familia popular, para intentar desatascar la situación. Según fuentes del PP, sin embargo, no lo ha conseguido. «No habrá novedades hasta escuchar a Ribera dar explicaciones (este miércoles) en el Congreso», advirtieron. Haga lo que haga finalmente el PPE, además, los de Feijóo ya avisan de que ellos votarán en contra de que Ribera asuma en Bruselas la cartera de vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva.

El presidente sostuvo ante los medios que la actitud del líder de la oposición, al que acusó de «contaminar» las instituciones comunitarias con asuntos domésticos, causa «incredulidad» no solo entre los socialdemócratas sino en toda Europa y aprovechó para cargar contra él. «Tiene todo el derecho a defender al señor Carlos Mazón (presidente de la Comunidad Valenciana) y su gestión, pero no lo puede hacer en contra de todo y de todos: del Estado autonómico, poniendo en duda cuáles son las competencias de cada estamento; en contra de España, porque a España le interesa tener una vicepresidencia primera en la Comisión, y tampoco contra Europa, poniendo en duda la propia constitución de una Comisión del Gobierno Europeo que necesitamos cuanto antes para hacer frente a los desafíos globales», recriminó.

El jefe del Ejecutivo también se refirió, no obstante, a las complicadas negociaciones internas, con sus aliados parlamentarios, para tratar de salvar en el pleno del Congreso este jueves su controvertida reforma fiscal con la que aspira a desbloquear el quinto pago de los fondos europeos de recuperación (en torno a 7.000 millones de euros) y de paso allanar el camino a la configuración de las nuevas Cuentas Públicas. Sánchez se afanó por ello en combatir la imagen de debilidad que el lunes proyectó el Ejecutivo en la caótica sesión de la comisión de Hacienda en la que, tras ocho horas de idas y venidas, apenas logró salvar un dictamen –eso sí, adelgazado de algunas propuestas- gracias a promesas aparentemente contradictorias a sus distintos socios e incluso argumentó que, después de seis años, ha quedado demostrado su capacidad de negociación. «Si hay un gobierno que puede administrar la complejidad es este Gobierno progresista», dijo.

Pero ahora tiene sobre la mesa, por un lado, el compromiso alcanzado con Junts para dejar caer el impuesto a las energéticas aprobado durante la crisis inflacionaria desatada tras la invasión rusa de Ucrania y, de otro, el acuerdo firmado a ERC, Bildu y BNG de que dicho gravamen se mantendrá un año más. «Por supuesto que se puede casar», aseveró sin dar más explicaciones ante los periodista. «Hasta el jueves tenemos muchas horas por delante para poder llegar a acuerdos», zanjó la cuestión.