El Gobierno sale de una sesión caótica en el Congreso con la reforma fiscal hecha jirones

La formación de Ione Belarra no se deja seducir, como hicieron ya sobre la bocina el resto de aliados de la izquierda, por la promesa de que el tributo a las empresas energéticas, aprobado como la tasa a la banca durante la crisis inflacionaria tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, se alargará más adelante vía real decreto ley. Sabe que los posconvergentes, y probablemente los nacionalistas vascos, jamás lo apoyarán y que sin sus votos la palabra del Ejecutivo es «poco más que papel mojado». «Una trampa para salvar la votación», lo llamó en su cuenta de la red social X la exministra de Igualdad, Irene Montero. Todo está, pues, en el aire. Y todo no es solo la reforma fiscal.

Al fin y al cabo, esta no es para el Gobierno una negociación parlamentaria más. El propio presidente Pedro Sánchez se refirió a ella, hace poco más de un mes, como el primer peldaño para la posterior de los nuevos Presupuestos Generales del Estado que pretende tener en vigor en 2025. Su descarrilamiento será un malísimo augurio frente a la insistencia de los socialistas en que la legislatura llegará a término y no habrá elecciones generales hasta 2027. Y por eso se afanaron el lunes, en una nueva jornada agónica, en intentar mantenerla con vida aunque fuera hecha jirones.

Todo empezó a las cinco de la tarde. Después de haberla tenido que posponer hasta en dos ocasiones la semana pasada por la imposibilidad de llegar a un acuerdo que salvara los vetos cruzados de sus habituales aliados parlamentarios -PNV y Junts por un lado y Bildu, ERC, BNG y Podemos por otro-, la comisión de Hacienda del Congreso se reunió a esa hora con las negociaciones aún empantanadas y la advertencia los socios habituales de que la cosa no pintaba bien.

El primer mazazo fue la imposibilidad de sacar adelante la prolongación, por solo tres años, como se había pactado con los nacionalistas vascos, de la tasa a las entidades financieras convertida ya en tributo. La suma de los votos del PP y de las formaciones de izquierda -que no solo querían que el impuesto se hiciera permanente sino que también llevaban días muy molestos con la renuncia a consolidar el impuesto a las energéticas- se llevó por delante una de las medidas claves del plan fiscal del Ejecutivo. Pero no fue la única iniciativa que se quedó por el camino. También lo hicieron el impuesto al diésel y la eliminación de la exención a las primas de seguros sanitarios privados o el cambio de régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliarias, las llamadas socimis, que el PSOE había acordado con Sumar.

En torno a las 20:30 horas, y tras votarse con un sinfín de incidentes todas las enmiendas, el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, solicitó un receso, primero de una hora, luego de dos y que finalmente acabaría durando más de cuatro horas. Un largo período que el portavoz del PP en dicho órgano, Santi Rodríguez, tildó de «secuestro» fruto de la «arbitrariedad». Faltaba por dirimirse el dictamen en el que está incluida la trasposición de la directiva comunitaria para imponer a las multinacionales un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15%, de obligado cumplimiento, y de la que el Gobierno había hecho colgar todo su controvertido paquete fiscal, pese a saber de antemano las importantes dificultades de aritmética parlamentaria que ello suponía.

Las negociaciones fueron frenéticas, incluso con un asesor de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasando el móvil a algunos portavoces de sus socios para tratar de que dieran su brazo a torcer y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, sin parar de intentar un acuerdo que no llegaba. «Que la comisión en la que se está decidiendo el futuro fiscal del Estado esté parada tres horas y se retome a las 23:00 (finalmente no lo haría hasta una hora y tres cuartos después) es una muestra más del juego corto de algunos y del desorden de esta legislatura», recriminó en su cuenta de X el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

ERC, Bildu y el BNG -Podemos no está representada en la comisión- acabaron accediendo a votar a favor del controvertido dictamen a cambio del compromiso del Ejecutivo a mantener el impuesto a las energéticas vía real decreto ley. Sin embargo, ya una vez terminada la comisión, el Ministerio de Hacienda envió un comunicado a los medios con la siguiente matización: «El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización».

Los tres partidos también acordaron aprobar en el pleno del próximo jueves una enmienda dentro del impuesto a la banca que aumente el tramo más alto y dirija toda la recaudación a las comunidades autónomas, aunque está por ver que finalmente puedan hacerlo exactamente en esos términos.

Ese mismo día, también en pleno, podrán volverse a votar todas las enmiendas que la comisión rechazó, pero no es posible presentar enmiendas transaccionales, es decir, nuevos textos pactados a partir de enmiendas ya presentadas. Y si finalmente, contra todo pronóstico, la polémica reforma fiscal del Gobierno viera la luz recogería el impuesto a la banca de alguna manera.

También incluiría otras iniciativas que sí se aprobaron el lunes como una subida de dos puntos porcentuales del IRPF para la rentas del ahorro superiores a 300.000 euros (del 28 % al 30 %), una rebaja del impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de un millón de euros al año, una mejora de la tributación de las actividades artistas o una bonificación de las cuotas a la Seguridad Social para clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, así como varias medidas para tratar de poner freno al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos.