La justicia va a tener complicado mantener las imputaciones contra los tres mossos detenidos acusados de haber ayudado a Carles Puigdemont en su nueva huida. El expresident catalán y su equipo jurídico 'blindaron' a los agentes, según todas las fuentes consultadas, de la acusación más grave ... , la de encubrimiento, castigada con hasta tres años de prisión porque, al menos en el caso de los dos primeros arrestados, el pasado jueves estaban formalmente desvinculados del cuerpo.
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Uno estaba de días libres y el otro de vacaciones. El primero es escolta del expresident Quim Torra -que este sábado pidió a la Consejería de Interior que no le suspenda de empleo y sueldo- y el otro es un funcionario del área penitenciaria, propietario del coche donde huyó Puigdemont. Este último sostuvo ante el juez que prestó el vehículo a una amiga discapacitada, la conductora del coche en el que se dio a la fuga el expresident.
La situación del tercero (que quedó en libertad con cargos este sábado tras ser arrestado el viernes en el Alt Empordà, en Girona), por el momento no ha trascendido, pero su defensa sostiene que su detención no tiene ninguna base porque, aunque se encontraba cerca del escenario en el que apareció Puigdemont, no era parte del dispositivo del líder de Junts.
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En el caso de los dos primeros, no estar vinculados al cuerpo en el momento de los hechos impedirá –explican los expertos- que prospere la imputación por encubrimiento, ya que para la comisión de este delito es indispensable que «el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas».
El otro supuesto para el encubrimiento es ayudar a tapar un hecho que sea constitutivo de traición, homicidio del Rey o de la Reina o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos. Y tampoco es el caso.
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Tampoco cabría –coinciden todos los juristas- seguir adelante con un delito de obstrucción a la justicia, que castiga con una pena máxima de inhabilitación de dos años a «la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables». Pero ni los mossos actuaban como funcionarios ni Puigdemont estaba cometiendo ningún delito con su regreso a España.
La treta de los 'días libres' ya había sido explotada con éxito por los abogados de Puigdemont. Los agentes que fueron encausados por encubrimiento por acompañar al cabecilla postconvergente cuando fue detenido por la Policía en Alemania en marzo de 2018 fueron finalmente absueltos por la Audiencia Nacional.
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Tampoco los intentos de la Consejería de Interior por sancionar por vía administrativa a los funcionarios que en su tiempo libre han venido ejerciendo labores de escolta para Puigdemont en Waterloo han llegado a ningún sitio.
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