Llarena pide explicaciones a los Mossos y a Marlaska por el «fracaso» en la detención de Puigdemont

El instructor del caso del procés en el Supremo, Pablo Llarena, el magistrado que mantiene plenamente en vigor la orden de búsqueda y captura contra Puigdemont por entender que el delito de malversación no cabe en la amnistía, dio este viernes por la mañana el primer paso para abrir una investigación oficial sobre lo ocurrido, que podría derivar en graves acusaciones, según avisan ya desde alto tribunal. Llarena pidió informes a los Mossos y al Ministerio del Interior sobre el operativo policial planificado para la detención del líder de Junts y, muy en concreto, «sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial».

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En el oficio dirigido al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, el juez pregunta si Interior, a sabiendas que el huido había anunciado que iba a volver a España para la investidura de Salvador Illa con bastante anticipación, dio algún tipo de orden para intentar interceptarle a su regreso a territorio nacional. «¿Cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para su detección en frontera y detención?», inquiere el magistrados a Interior, dando por hecho que Policía y Guardia Civil debieron por fuerza de recibir algún tipo de instrucción para trata de apresarle, dado que sus planes de regresar eran de conocimiento público.

Llarena también exige que Interior le dé detalles de las «órdenes posteriores que fueron cursadas ayer para su detección en frontera y detención», después de que se esfumara en un coche tras reaparecer Puigdemont apenas cinco minutos sobre las 9 de la mañana del jueves bajo el Arco del Triunfo. Lo hizo en un acto convocado por el Consell de la República que desde el miércoles por la mañana venía anunciado que iba a contar con la presencia del fugado en ese evento, que denominó de «recibimiento oficial» en Cataluña al president «exiliado» y al que asistieron unas 3.500 personas, según las estimaciones de la Guardia Urbana, además de la cúpula de Junts, miembros de ERC y la CUP, amén de responsables de entidades soberanistas como ANC y Òmnium Cultural.

En las dos resoluciones remitidas a las autoridades policiales de Madrid y Barcelona, el instructor del procés insiste en, que habiendo tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía estuvo presente ayer en Barcelona «protagonizando un acto público en las inmediaciones del Parlament de Catalunya y que al finalizar el mismo logró eludir la orden de detención emitida contra él», reclama también, tanto a Mossos como a Interior, nombres concretos de los mandos policiales involucrados en el fallido despliegue de seguridad. «¿Quiénes eran los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y los que se les encomendó su ejecución o despliegue operativo?», exige saber en concreto el magistrado del Supremo, que sigue acusando a Carles Puigdemont de una malversación agravada durante la intentona secesionista de 2017, que podría acarrearle hasta doce años de prisión.