El Gobierno se sacude la responsabilidad de la fuga de Puigdemont

La primera valoración del Ejecutivo tras el hermetismo impuesto sobre el regreso del expresident respalda la tesis esgrimida desde Interior de que la responsabilidad era de la policía catalana y es a ellos a quienes corresponde rendir cuentas pese a que las consecuencias del fracaso también atañen a las fuerzas de seguridad del Estado, que tenían sobre su mesa la misma orden de busca y captura nacional del Tribunal Supremo contra el líder de Junts.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen «plenas competencias» y efectivos para llevar a cabo un operativo que garantizase la captura del huido, tanto antes de que subiera al escenario del acto de bienvenida como después, pero, según revelaron fuentes de Seguridad del Estado, el departamento que dirige Grande-Marlaska no dio ninguna instrucción para montar un operativo.

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En una breve declaración ante los medios de comunicación desde París, Bolaños no se movió un ápice de este argumento, no exigió dimisiones y evitó pronunciarse sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en ese asunto.

Tampoco entró a cuestionar si hubo dejación de funciones o la posibilidad de que el líder de Junts hubiera llegado a algún tipo de pacto con los agentes, limitándose a mostrar «respeto» tanto a las investigaciones internas de la policía catalana como a las que den lugar a procedimientos judiciales. «España es un Estado de derecho donde la ley se cumple y donde se han de cumplir los mandatos judiciales que emanan, en este caso, del Tribunal Supremo», recalcó.

Tras restar importancia a la evasión del Puigdemont, a la que calificó de «un episodio que nada aportó a la sociedad catalana», el ministro de Justicia insistió en que «lo fundamental es que se abrió una nueva etapa en Cataluña» tras la elección de Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat.